5 de enero de 2011

El Nuevo Dia

El secretario de Agricultura, Javier Rivera Aquino, sometió ayer un borrador con la nueva orden de precios de la leche al Tribunal de Distrito federal, pero el documento fue sellado como confidencial.

El funcionario reiteró que no hará público el cambio al precio por cuartillo hasta el lunes 10 de enero. Indicó que su acción "responde a la prudencia", ya que continuamente han ido cambiando los elementos para integrarse al ajuste de precios y divulgar un precio ahora no sería prudente.

Rivera Aquino dijo que en una opinión emitida este lunes por el juez se trajo un aspecto del tema de riesgos que no se había considerado anteriormente para la fórmula.

"Lo que hay ahora en el tribunal es una discusión de peritos de cómo se computarán unos elementos", dijo Rivera Aquino.

"No queremos evadir nuestra responsabilidad, queremos ser prudentes ante las nuevas variables que se incorporan a la fórmula", señaló el Secretario.

Rivera Aquino opinó que el hecho de que el juez federal Daniel Domínguez cambiara del 12 al 20 de enero la vista en el caso, es señal de que está dando tiempo para que los abogados se preparen ante la discusión que surgirá públicamente, cuando él anuncie el nuevo precio de la leche el 10 de enero.

Por otro lado, el funcionario indicó que espera en 2011 comenzar y terminar el estudio exhaustivo sobre los detallistas de leche. Indicó que este estudio es complejo, pues las estructuras de costos son diferentes como, por ejemplo, de supermercados frente a gasolineras.

"Los detallistas continúan en el limbo en lo que respecta al margen de ganancia de la leche. Por un lado el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no recomienda ajuste alguno para el sector y, por otro, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) no publica el estudio que supuestamente realizó para poder compararlo con la realidad que se vive en los negocios que venden este producto", informó Ignacio R. Veloz, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

Más aún, Veloz afirmó que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) miente al Tribunal Federal, al utilizar como excusa que DACO presentó su informe tarde para incumplir con su deber ministerial en cuanto al ajuste de precios. "Estas acciones denotan la mala fe del Gobierno de no actuar con justicia para con todos los sectores y hasta con los propios consumidores, ya que por sus engaños al propio Tribunal se puede inferir que sus conclusiones no apuntan a un precio razonable", dijo Veloz. El juez había ordenado que se entregara al 30 de diciembre la orden nueva de precios, pero luego amplió el plazo hasta el 4 de enero.

Veloz sostuvo que "está muy lejos de ser uno empírico y confiable" el informe de DACO, que no recomendó aumentos al margen de ganancia de los detallistas de leche, mas sí para los ganaderos y las procesadoras. Dijo que en su informe el DACO se limitó a criticar las ponencias presentadas ante ORIL.

"Es inaceptable que el análisis de ORIL sólo considere tres elementos: el número de establecimientos, el promedio salarial y el costo energético", sostuvo Veloz.

El presidente del CUD detalló que los gastos de beneficios marginales, contribuciones sobre nómina, agua, teléfono y fax, empaque, patente municipal, impuestos sobre propiedad mueble e inmueble, seguros de la propiedad y materiales de limpieza también son inherentes a la hora de considerar un ajuste en precio para el sector detallista debido a que la ganancia bruta sobre venta es de sólo 7%.

Dijo que a esto se suma que a cerca del 70% de los detallistas las procesadoras no les proveen neveras ni apoyo en la reparación y mantenimiento de los equipos ni acomodo de la mercancía. "Los detallistas mantienen la venta de este producto para hacerlo más accesible a los consumidores y apoyar una industria nativa, pero nadie puede darse el lujo de operar con pérdidas", añadió.