17 de diciembre de 2010

La Opinion

Javier Sarmiento se hizo arrestar ayer por la Policía de Los ángeles. Lo hizo para dar un buen ejemplo a su hija adolescente. Esta familia de dos está a punto de perder su casa. Recientemente, una compañía que trabaja para JP Morgan Chase, el banco que ejecutó su casa, le comunicó por teléfono que tiene que desalojarla en unas semanas.

"Mi hija me pregunta dónde nos vamos a ir a vivir. Es una pregunta que no le puedo responder", dijo Sarmiento en la entrada principal del banco, donde ayer agentes de policía lo arrestaron junto a otras 20 personas.

Fue un arresto pacífico, culminación de una protesta organizada por la Liga de Defensa del Hogar (Home Defenders League), un grupo de propietarios de Los ángeles cuyas casas están en listas de ejecución por la banca.

Sarmiento contó que hizo todo lo posible por salvar la vivienda en que él y su hija, estudiante de séptimo grado, han vivido en los últimos cinco años. En 2006 perdió su empleo en la compañía de mantenimiento para la que trabajaba y trató de negociar una modificación de su deuda hipotecaria.

"En una ocasión me di cuenta que estaba hablando con gente que estaba en Bombay, India", explicó, refiriéndose a las gestiones que inició con Chase. "Me dijeron que no encontraban mis papeles".

Nury Martínez, integrante de la junta que gobierno el Distrito Escolar Unificado de Los ángeles (LAUSD), en la que representa al Valle de San Fernando, dice que en esa parte de la ciudad es común encontrar "cuadra tras cuadra" en las que los rótulos de embargo inmobiliario saltan a la vista.

Según ella, las ejecuciones que comenzaron con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hace tres años están desestabilizando las escuelas. "Las familias [cuyos hijos asisten a escuelas del LAUSD] lo comentan, ellas mismas lo han sacado", declaró Martínez.

Un portavoz de Chase contactado ayer dijo que en los dos últimos años el banco ha otorgado un millón de modificaciones a propietarios abrumados, de las cuales 250 mil se han convertido en permanentes. "Hemos evitado dos ejecuciones por cada una que llevamos a cabo", dijo el portavoz, Tom Kelly.

Entre estos casos citó el de William y Esperanza Casco, propietarios de una abarrotería en South Gate, una de las familias organizadas por Alliance for Californians for Community Empowerment (ACCE), el grupo que fundó la Liga de Defensa del Hogar.

Hace dos días, Chase se puso en contacto con los Casco para informarles que han accedido a hacer la modificación de su hipoteca.

"Eso fue a raíz de las protestas", expresó la señora Casco ayer.

Jaime y Juana Coronel no han tenido la misma suerte. Después de 20 años de vivir en su casa en Azusa, se enteraron recientemente que Bank of America vendió su casa. Los Coronel afirman que si el banco hubiese sido más flexible, podían haber llegado a un arreglo, porque ahora sus ingresos han aumentado lo suficiente para entrar al programa HAMP de modificación de su deuda.

La Liga de Defensa del Hogar consdiera que es necesario implementar políticas nacionales que conduzcan a que los bancos negocien modificaciones de deuda hipotecaria de carácter permanente, y que los apliquen antes de iniciar procedimientos para ejecutar las viviendas morosas.

Esta semana, el Panel de Vigilancia del Congreso informó que casi 700 mil propietarios que luchan por salvar su vivienda de una ejecución, han estado en planes de prueba por seis meses o más. Algunos de estos planes no han conducido a un arreglo permanente un año y medio después de iniciados.

Más de medio millón de casos han sido eliminados del programa federal de modificaciones HAMP, y sólo 25% de estos lo fueron por que los propietarios no abonaron sus pagos hipotecarios.

En octubre pasado, cerca de cinco millones de hipotecas en el país se encontraban en mora de 60 días.