15 de noviembre de 2010

El Nuevo Herald

La crisis de hipotecas subprime no es la única calamidad creada por Wall Street que daña las finanzas de estados y ciudades. Durante más de 10 años, los bancos y las aseguradoras convencieron a las autoridades y a las organizaciones sin ánimo de lucro de que la ingeniería financiera reduciría los tipos de interés de los bonos vendidos para proyectos públicos como carreteras, puentes y escuelas. Esa promesa fallida ha costado más de $4,000 millones, según datos de Bloomberg, mientras cientos de prestatarios, de la Bay Area Toll Authority en Oakland, California, a Cornell University en Ithaca, Nueva York, pagaron a Wall Street para cancelar acuerdos desde el 2008.

El Departamento de Recursos de Agua de California gastó este año $305 millones en deshacer apuestas sobre los tipos de interés que resultaron contraproducentes, dinero que entregó a bancos encabezados por Morgan Stanley de Nueva York. Carolina del Norte pagó $59.8 millones en agosto, suficiente para cubrir los salarios anuales de unos 1,400 empleados estatales de tiempo completo. Reading, Pensilvania, que buscó protección a través del programa del estado para comunidades con problemas financieros, salió perdiendo con los acuerdos, lo cual le costó $21 millones, cantidad equivalentes a más de un año de impuestos inmobiliarios.

``Era brillante, y todo me salió mal', dijo Brian Mayhew, director financiero de la Bay Area Toll Authority, la agencia estatal que dio a Ambac Financial Group Inc., la aseguradora neoyorquino de bonos en quiebra, $105 millones para cancelar acuerdos de tipos de interés por $1,100 millones. Los pagos equivalen a más de dos veces los ingresos de siete puentes que la autoridad supervisa alrededor de San Francisco.

Los pagos por cancelación a firmas de Wall Street llegan en el peor momento posible. La recesión más prolongada desde la Gran Depresión ha dejado los estados con déficits de presupuesto de $72,000 millones el próximo año fiscal, según la National Conference of State Legislatures. Los ingresos de los fondos generales de las ciudades tuvieron su mayor caída al menos desde 1986 en el año fiscal que concluyó el 30 de junio, según la Liga Nacional de Ciudades.