10 de noviembre de 2010

El Nuevo Dia

Doña Amalia Casado estaba sorprendida ayer porque fue a pagar a la oficina de Claro en el Cantón Mall, de Bayamón, y sólo se tardó 15 minutos en hacer la gestión. "Aquí siempre hay una fila que sale afuera, y he estado hasta dos horas esperando para pagar", dijo.

Por situaciones como esa, la presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), Sandra Torres, se presentó al referido local, tras recibir una querella de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, que denunciaba las largas esperas de los impedidos y envejecientes en el lugar.

Tras hablar con el gerente, Torres indicó que según las personas atendidas el 8 de noviembre, el cliente promedio se tarda 49 minutos en ser atendido, mientras que las personas de edad avanzada un promedio de 4.5 minutos.

Torres indicó que es inaceptable una espera de 49 minutos, la cual parece deberse a que en ocasiones sólo cuentan con dos cajeros. Manifestó que someterá el caso a los miembros de la JRT para decidir si se impondrían multas.

Por otro lado, Torres indicó que tiene ante su consideración 80 casos de envejecientes a los que se les ha cobrado el cargo de internet DMAX, cuando ellos ni lo interesan ni tienen computadora. Sostuvo que si bien la compañía les aseguró que se había resuelto el problema. Mientras estaba en las oficinas, una residente de Bayamón le trajo una factura de su madre Petra Burgos, de 77 años y residente del Barrio Palo Hincado, de Barranquitas, a quien le cobraron $55 por DMAX cuando la anciana no lo había solicitado.

Torres sostuvo que la situación no se limita al cobro del dinero por un servicio no deseado sino que incluye el problema de devolver el equipo que se le envía al cliente por correo. "Muchas de esta personas no caminan o no tienen a alguien que los pueda traer a la oficina a entregar la cajita"', dijo Torres. Sostuvo que las personas con este problema pueden llamar al 787-722-8606 para recibir orientación. Indicó que es obligatorio que la firma les otorgue un crédito en la factura.

La compañía Puerto Rico Telephone Company (PRTC) sostuvo que esas ventas sin autorización han ocurrido a través de "canales de venta externos". Torres explicó que se trata de personas que trabajan para PRTC pero cobran comisión por sus ventas.

De otra parte, Torres dijo que sigue abogando por que se apruebe legislación para aplicar a las compañías de televisión por satelite. Indicó que el proyecto está detenido en la comisión de Reglas y Calendarios del Senado. Empero sostuvo que el Presidente del Senado y la senadora Lornna Soto favorecen su aprobación.

Explicó que representantes de Direct TV y Dish Network le ofrecieron a la JRT que haga un contrato con ellos para atender las quejas de los usuarios pero Torres indicó que no aceptó esa oferta ya que favorece que se legisle al respecto. Indicó que Dish Network no tiene presencia en Puerto Rico, contrario a Direct TV.