1 de noviembre de 2010

El Vocero

El juez ángel Pérez Ocasio no acogió hoy la solicitud del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para reducir el pago de honorarios de los abogados que representan la clase demandante en el sonado pleito de los marbetes de lujo.

No obstante, le solicitó a los representantes de los demandantes un memorando de derecho respondiendo la petición de DACO y anunció su determinación para el próximo 30 de noviembre.

En medio de la discusión de este asunto, el juez leyó en sala un extracto de la sentencia del Tribunal Apelativo en este caso y en la que quedó consignado la cuantía de honorarios de los abogados como "cosa juzgada" por la corte de San Juan.

Los abogados recibirán por su trabajo el 33 por ciento del dinero que el Estado tiene que pagarle a los ciudadanos afectados por el cobro en exceso de sus marbetes entre los años 2005 y 2007.

Se estima que la imposición de esta medida afectó entre 50 a 80 mil personas, lo que pudiera representar una suma que fluctúa en los 60 millones de dólares.

Para el portavoz del comité timón de la representación legal de los demandantes, Frank Torres Viada, la impugnación de DACO no procede porque los términos de los honorarios, así como la certificación de la clase, se determinó bajo un estricto procedimiento que condujo en su momento el Tribunal de San Juan y que fue avalado por el Tribunal Supremo.

"Este pleito quedó formalmente certificado hace varios años y los afectados por el cobro en exceso por la compra de los marbetes fueron debidamente informados. Ahora, de lo que se trata, es de resolver la ejecución de la sentencia que es el punto más importante en esta etapa del caso", dijo Torres Viada.

El licenciado José Andreu Fuentes indicó, por su parte, que la actitud de DACO, a través de su secretario, Luis Rivera Marín, es "ingenua, dilatoria y entorpecedora".

"Lo que acaba de pasar aquí es indicativo de la mala fe que hemos denunciado de parte del gobierno y cuya intención no es más que dilatar los procesos y no ejecutar la sentencia", señaló el letrado.

En su determinación, el juez requirió al abogado de DACO, ángel Roger Sabat, entregar al tribunal las copias de las querellas que alegan haber recibido en su agencia en un término de cinco días.

En otro asunto, el juez Pérez Ocasio ordenó la creación de una Comisión Conjunta para la Ejecución de la Sentencia en este caso. Esta determinación surge en respuesta a los señalamientos de los demandantes de que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no ha facilitado el acceso a las bases de datos que facilitarán la identificación del total de afectados por el cobro en exceso.

"Emitiremos una orden judicial para poner a funcionar esta Comisión y nos reuniremos una o dos veces por semana para garantizar el monitoreo del caso y el cumplimiento de la sentencia", expresó el juez en sala.

La próxima vista de este caso quedó pautada para el martes, 9 de noviembre, a las 2:00 de la tarde.

El caso de los marbetes se resolvió en 2007 luego de que el Tribunal de San Juan emitió sentencia a favor de la clase demandante. Un año más tarde, la sentencia fue validada por el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo.

Este pleito se originó tras la firma de la Ley 42 del 1 de agosto de 2005, en la que se obligó al DTOP y Hacienda cobrar un pago de marbete más alto a todos los vehículos cuyo valor de mercado excediera los 40.000 dólares.

Esa ley fue declarada nula porque su instrumentación estaba atada a la aprobación de la Ley la Resolución Conjunta 445 de la Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General para el año fiscal 2005-2006.

Ese presupuesto nunca entró en vigor porque fue vetado por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá.