29 de octubre de 2010

El Vocero

San Juan- La clase demandante en el sonado caso de los marbetes de autos de lujo denunció nuevamente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) continúa obstaculizando el proceso de obtener los datos necesarios para calcular el número de ciudadanos a quienes se les cobró en exceso por sus marbetes entre 2005 y 2007.

En una moción presentada por los demandantes el pasado 18 de octubre se señala que el DTOP ha actuado de forma "tímida, contradictoria y vacilante" al negarse a proveer información importante para precisar la cuantía de afectados en este caso.

El DTOP, según el escrito legal, alude a consideraciones de confidencialidad.

Sin embargo, para el licenciado Frank Torres Viada, abogado de la clase demandante, la actitud de los funcionarios del DTOP contraviene los acuerdos pactados en la vista que se celebró el pasado 22 de septiembre en la sala del juez ángel Pérez Ocasio y en la que se estableció una agenda de trabajo para desglosar e identificar a los afectados por la imposición de este medida y las cantidades pagadas.

Ante eso, Torres Viada solicita que el Tribunal que, de cara a una vista de seguimiento pautada para mañana, viernes, ordene al DTOP "discutir y fundamentar, de forma específica y detallada, sus objeciones a la producción de la información, documentos o escritos que le fueran requeridos por la clase demandante".

En el escrito legal, el letrado también advierte de la posibilidad de que en el DTOP existan cintas de resguardo de datos (back-ups) correspondientes a los años 2005 al 2007, lo que viabilizaría el análisis pericial.

En consecuencia, los demandantes solicitan al tribunal que ordene al secretario del DTOP, Rubén A. Hernández Gregorat, certificar la existencia de las cintas y entregarlas.

Asimismo, requieren que la corte establezca "las medidas necesarias para garantizar la preservación íntegra y total de toda la información que pudieran resultar pertinente al proceso de ejecución de la sentencia" ante la posibilidad de que alguna evidencia significativa en este caso pueda ser "destruida, borrada o inhabilitada".

Se estima que la imposición de esta medida afectó entre 50.000 a 80.000 personas, lo que pudiera representar una suma que fluctúa en los 60 millones.

El caso de los marbetes se originó tras la firma de la Ley 42 del 1 de agosto de 2005, en la que se obligó al DTOP y Hacienda cobrar un pago de marbete más alto a todos los vehículos cuyo valor de mercado excediera los 40.000 dólares.

La medida fue declarada nula por el otrora juez Carlos Dávila, toda vez que su instrumentación estaba atada a la aprobación de la Ley la Resolución Conjunta 445 de la Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General para el año fiscal 2005-2006.

Ese presupuesto nunca entró en vigor porque fue vetado por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá.