26 de octubre de 2010
El Nuevo Dia
Parámetros mínimos se están evaluando en la Comisión senatorial de Banca y Asuntos del Consumidor, para imponerse a las ventas mediante "lay-away", lo que pudiera dar al traste con prácticas "de abuso", que se han detectado en algunos comerciantes. Ignacio García, presidente de la Organización Pro Asuntos del Consumidor, de la Pontificia Universidad Católica, indicó que entre los abusos que se han visto están no contar con la mercancía cuando ya se saldó el "lay-away" y querer retener la totalidad del depósito cuando el cliente se arrepiente un día o dos después de la primera transacción. García dijo que si bien su entidad favorece la legislación propuso algunas enmiendas al proyecto. Propuso que el término para retener la mercancía debe ser proporcional al valor de la misma, pues la propuesta de guardar la mercancía por 3 meses "resulta oneroso" en compras de menos de $250. Otra enmienda propuesta fue que si se cancela el "lay-away" no se obligue al cliente a esperar 30 días por un cheque o se le dé un crédito de la tienda sino que se le reembolse con el mismo método de pago con que se inició la transacción. La licenciada Mónica Figueroa, del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), apoyó la pieza pero destacó que se tiene que añadir una disposición ya sea mediate rotulos u hojas sueltas para divulgar a los consumidores de los términos y políticas para este tipo de compra. La senadora Lornna Soto sostuvo que esta práctica ha caido un poco en desuso, pero anticipó que tener unas reglas claras para su aplicación pudiera representar "que se reviva" la práctica, lo cual se traduciría en más ganancias para los comercios. García sostuvo que ante la crisis económica y para las ventas exentas del pago de impuesto de ventas y consumo para la compra de efectos escolares se ha dado una proliferación de la práctica. Agustín González, asesor legal de la Asociación de Comercio al Detal en Puerto Rico, dijo que la práctica de compras mediante "lay-away" suele producirse con las compras de juguetes para la temporada navideña. Sin embargo, González pidió tiempo para presentar una ponencia más profunda y que contenga datos específicos de qué los puertorriqueños suelen comprar de esta forma. García dijo que datos de un estudio realizado a fines de la década de los 1990, cuando la práctica estaba perdiendo popularidad, los "lay-away" representaban el 12 por ciento de las ventas totales de las tiendas en la Isla. Enid Monge, presidente electa del Centro Unido de Detallistas, recomendó que se aclare en la pieza que no se puede subir el precio de los bienes una vez se pone la mercancía en "lay-away". Pidió que el aviso de cancelación por falta de pago sea por correo regular y no correo certificado, y que se elimine la obligación de avisar cada vez que el consumidor se atrasa en la regularidad de uno de sus pagos. Al presente la práctica no está regulada por ninguna ley, sino que al surgir querellas se aplica el Código Civil, en su sección de contratos.