15 de octubre de 2010

La Opinion

WASHINGTON, D.C.— Las investigaciones y nuevas directrices reguladoras a los prestamistas inmobiliarios han levantado preguntas, respecto a los efectos económicos y políticos de estas medidas.

Esta semana la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) llamó a la verificación de todos los documentos relacionados con las ejecuciones hipotecarias. Un proceso que, en el caso de encontrar irregularidades, obliga a rectificar documentos antes de proceder con los embargos.

Esto después de múltiples casos, en que los mayores prestamistas inmobiliarios habrían concretado decenas de miles de ejecuciones hipotecarias, sin un proceso de papeleo adecuado.

Además, instituciones financieras como Bank of America han congelado este tipo de operaciones a nivel nacional, en casos asociados con las cortes.

Ayer, la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG) anunció que los 50 estados firmaron una declaración para crear un grupo multiestatal bipartidista que investigue en forma conjunta las ejecuciones hipotecarias en todo el país.

Pero a tan sólo meses de haber salido de la peor crisis económica desde la década del 30 y con un mercado inmobiliario tremendamente frágil, muchos se preguntan por los efectos económicos de este tipo de medidas.

Esto, además de la validez del argumento entregado para no decretar una moratoria nacional, ya que se podría convertir en una amenaza para la recuperación de este sector, como lo ha expresado la Casa Blanca. Un mensaje que básicamente refleja el temor de un posible impedimento a las ventas de las casas que ya están vacantes.

"Creo que en este punto nadie entiende realmente la amplitud del problema. El hecho de que los mismos bancos hayan sido los que levantaran la bandera de alerta, dice más respecto a la magnitud de este embrollo", explica Pat Garofalo, economista del Centro para el Progreso Americano.

La incertidumbre actual no ha disminuido, después de que esta semana gigantes como J.P.Morgan revelaran que han reservado 1.3 mil millones de dólares en posibles costos legales, además de estar revisando 115 mil declaraciones juradas de ejecuciones hipotecarias.

"Lo que más temen ahora es que miles de propietarios los demanden", enfatiza Garofalo.

En cuanto a medidas como la decisión de Bank of America, economistas como Dean Baker, del Centro de Investigación para Política Económica, no perciben un efecto inmediato.

"No creo que el congelamiento de ciertas propiedades tenga un gran impacto. De hecho, ha existido una gran preocupación respecto a que hay muchas viviendas con ejecución hipotecaria en el mercado, lo que deprime los precios, más de lo necesario. Existen muchas empresas que incluso han estado reteniendo viviendas", resalta.

"Creo que en este punto, algo tremendamente efectivo que el gobierno podría estar haciendo es mejorar programas de modificación de préstamos", comenta Garofalo.

Un total de 288,345 propiedades fueron recuperadas por los prestamistas en el trimestre julio-septiembre de este año, de acuerdo con la compañía RealtyTrac Inc, especializada en el área.

Los bancos han embargado más de 816 mil viviendas en los primeros nueve meses de 2010. Se estima que hubo 930,437 documentos asociados al procedimiento de ejecución hipotecaria, un incremento del 4% en comparación con el trimestre anterior.

California reportó 191,016 casos asociados a embargos, seguido por Florida, Arizona e Illinois, estados donde se concentra la mayor cantidad de población hispana en el país.