13 de octubre de 2010

El Vocero

Un nuevo proyecto legislativo intenta ponerle mayor peso a la ley para combatir el hurto de cobre, delito que continúa en aumento, así como las millonarias pérdidas económicas para empresas privadas y el sector público.

El proyecto presentado por el representante José Chico, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Comercio, Industria y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes, recoge parte de los planteamientos del comité asignado por el gobernador para atacar el problema de hurto de metales en la Isla, donde se han registrado pérdidas sobre los $100 millones durante los últimos tres años. En Estados Unidos, según datos ofrecidos por la comisión cámeral, en 2008 se reportó alrededor de $1,000 millones por el hurto de cobre.

Chico explicó que ante la preocupación de los fiscales del Departamento de Justicia, de que los casos de hurto de cobre no suelen prosperar en los tribunales, el proyecto plantea tipificar esa práctica como un delito grave de segundo grado.

"Al quitar o robarse clablería para extraerle el cobre, como ocurre con las compañías de telecomunicaciones y en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), se queda una población sin servicios básicos como es el querer llamar al 9-1-1 o a una ambulancia", senaló Chico. Empresas como la Puerto Rico Telephone (PRT) registraron a principios de septiembre $7.2 millones en pérdidas por reparaciones de miles de líneas de cables picadas por delincuentes, y la AEE contabilizó a la misma fecha sobre $3 millones por el robo de sus cables de cobre.

Cientos de negocios y oficinas de servicios médicos, entre otros, son impactadas constantemente con el hurto de cobro, principalmente cuando les roban las tuberías de sus sistemas de acondicionadores de aire.

Entre tanto, ante la poca supervisón a los centros de acopio, que son los que compran el metal hurtado a los delincuentes, y los cuales no siguen el protocolo y la reglamentación al adquirir dicho material, Chico adelantó que ya evalúan medidas específicas para esto. Dijo que un proyecto futuro podría incluir limitar el horario en que operan los centros de acopio, ya que muchos permanecen abiertos hasta altas horas de la noche, cuando reciben una parte sustancial del material robado. "En esos casos también estamos en la expectativa para ser más fuerte y ponerles un horario", reiteró.

Por ahora, el gobierno desconoce la cantidad exacta de centros de acopio en la Isla y cuántos se estiman que operan de manera ilegal. Desde septiembre pasado EL VOCERO aguarda por datos de la Junta de Calidad Ambiental, que es la agencia que concede los permisos para centros de acopio, pero a pesar de las constantes llamadas a su oficina de comunicaciones no han ofrecido la información.

El llamado "oro rojo" se vende a $3.75 la libra, valor que lo hace atractivo para los delincuentes. El que se recolecta en Puerto Rico es vendido por terceros al mercado asiático, el principal consumidor de este metal a nivel mundial.