29 de septiembre de 2010

Primera Hora

Si está pensando abrir un centro de acopio de metales, o ya tiene uno, sepa que tendrá que revisar sus documentos. La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) anunció ayer la implementación de un plan piloto para combatir el robo de cobre en la Isla.

En conjunto la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Comisión de Servicio Público (CSP), la Policía, el Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Justicia estarán evaluando los requisitos para otorgar los permisos para operar estos centros, además de aumentar las penas para los violadores

"Las personas que no llevan un registro completo y no tengan el cartel (de la Policía que orienta sobre la compra y venta de metales), es un delito menos grave y enfrentarán multas. Toda aquella persona que tenga material y no pueda explicar su procedencia, enfrenta de tres a ocho años (de prisión), es delito grave", señaló el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, en conferencia de prensa junto a los demás jefes de las agencias que forman parte de este nuevo comité de acción.

Los casos serán sometidos por la Ley 105, que castiga la mera posesión del material, sin evidencia de compra o venta en los centros. Además, será requerido un permiso del Cuerpo de Bomberos, que, de no cumplirse, implicaría una multa de $500 y otro permiso de la JCA.

"El robo de cobre es, además de una actividad criminal, un issue de seguridad nacional porque quedamos incomunicados", enfatizó Sandra Torres, presidenta de la JRT.

Por esto, el FBI también es parte del equipo de trabajo y las personas que roban cobre podrían ser encausadas en el ámbito federal.

Este plan piloto será implantado primero en la zona norte y en el este del país, que son áreas de alta incidencia de robos.

Operativo del comité

En la mañana de ayer se efectuó el primer operativo del comité en la zona de Arecibo que dejó un saldo de 13 centros intervenidos, ocho de los cuales fueron cerrados.

También, se había arrestado a cinco personas vinculadas con el robo de cobre y se expidieron multas que ascienden a los $7 mil.

"Vamos a estar atacando el problema del hurto de cobre continuamente... éste es sólo el primer día", manifestó, por su parte, el superintendente de la Policía José Figueroa Sancha.