17 de septiembre de 2010

El Nuevo Dia

La Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes inspeccionó hoy las oficinas comerciales en Hato Rey de la compañía de celulares AT&T, que adquirió a Centennial, para corroborar las decenas de quejas recibidas por clientes afectados por la transición.

Según el representante Jorge Navarro, presidente de la Comisión, "se han quejado de que le están cobrando por los cambios, le cobran por la internet, no le honran el plan ilimitado y en una audiencia pública nos dijeron que sí. Vinimos a verificar con los clientes y el personal cuáles son las instrucciones que recibieron de la compañía".

Por su parte, el director de operaciones de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Luis Ramos, informó que "ahora mismo tenemos entre 15 a 20 quejas en la Junta, pero no se ha completado el proceso porque arreglan antes con la compañía (AT&T)".

Ricardo Sarmientos, uno de los clientes afectados, afirmó que "me engañaron".

"Estaba en Centennial y me dijeron que me podía mover porque no tenían teléfonos disponibles y los necesitaba para mi negocio. Pero no tienen nada por escrito, no me daban información. Eran planes que no eran de migración y todo es mucho más caro", relató Sarmientos.

Indicó que "me puedo quedar en Centennial pero no tienen teléfonos y no puedo cambiar las ofertas".

El asesor legal de la empresa, José Morán Sifre, explicó que AT&T no obliga a los clientes a cambiarse y que no existen planes de datos ilimitados.

Sin embargo, alegó que los clientes de Centennial que tenían planes ilimitados y que permanecerán con esa desaparecida empresa por los próximos 18 meses, pueden retenerlos.

La asistente de gerente, identificada sólo como Ileana, comentó que "se crearon planes similares a los de Centennial para la migración y se le explican los beneficios y los contra a los clientes" y admitió que, en efecto, han sido muchas las quejas recibidas sobre todo por la falta de orientación al consumidor.

Las penalidades que enfrentaría la compañía AT&T por no resolver las quejas o por situaciones engañosas podrían alcanzar los 10.000 dólares por cada caso, informó Ramos.

De otra parte, Navarro anunció que se ha solicitado a la Junta que intervenga con la compañía T-Mobile por dejar desprovistos de servicio a cientos de miles de clientes.

"Queremos que la Junta intervenga y que el crédito que se dé a los clientes sea razonable, que no le den dos o tres pesos porque para muchos el celular es su trabajo, su modo de vida y se han afectado", expresó Navarro.

Añadió que buscarán que "quien quiera cambiarse de T-Mobile pueda hacerlo sin penalidad" tras haber estado sin servicio durante esta semana, pero reconoció que la decisión está en manos de la Junta.