16 de septiembre de 2010

El Nuevo Dia

Los abogados que representan la clase demandante en el caso de los marbetes denunciaron que el Gobierno no ha querido entregarles la lista de los ciudadanos perjudicados con el cobro en exceso del marbete por vehículos de más caros.

Ante la situación, los abogados de la clase demandante solicitaron al juez ángel Pagán Ocasio que, amparado en una regla judicial de acceso a la información, emita un remedio para que un experto en sistemas de computación externo acuda, en representación de los demandados, y extraiga de los sistemas de información del Departamento de Transportación y Obras Públicas y Hacienda el detalle de a quiénes se les cobró y qué cantidad.

El juez señaló una vista para el próximo 22 de septiembre entre los abogados y el magistrado. En la vista se espera que se establezca el proceso para que los representantes de la clase demandante puedan tener acceso a los bancos de datos del DTOP y Hacienda. Con ello "de una vez y por todas" se podría dar fin a los pagos y concluir el caso, dijo el abogado Frank Torres Viada.

La ley número 42, del 1 de agosto de 2005, estableció un aumento en el pago de marbete a aquellos vehículos cuyo valor original de compra fuera mayor de $40,000.

El abogado explicó que el caso no se ha podido cerrar porque los abogados no han recibido el detalle de quiénes y cuándo se cobró en exceso para poder instrumentar los pagos de sus clientes. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan dictaminó una sentencia a favor de la clase demandante el 15 de marzo de 2007.

Según Torres Viada, el gobierno ha alegado que no tiene forma de conocer esos datos a menos que se haga una búsqueda manual, la cual han indicado tomaría "por lo menos tres años si es que se puede hacer".

"Hace más de dos años que el tribunal ordenó a los Secretarios de Hacienda y de Transportación y Obras Publicas divulgar la información sobre el monto de los dineros cobrados ilegalmente, pero ha habido una negativa del gobierno en proveernos la información", denunció el abogado Torres Viada, portavoz del comité timón de abogados que conduce la representación legal.

"Es objetable esa negativa del gobierno a divulgar voluntariamente las cantidades cobradas cuando estamos refiriéndonos a información que es pública a la cual el ordenamiento constitucional prevaleciente garantiza libre y fácil acceso", manifestó el abogado.