27 de agosto de 2010

La Opinion

Aunque el juicio en contra de la actriz Fernanda Romero, acusada de casarse de forma fraudulenta para obtener la residencia permanente no ha tenido un veredicto del jurado, el posible castigo de cinco años en la cárcel que podría enfrentar de ser encontrada culpable muestra para muchos el riesgo de realizar matrimonios por conveniencia.

Esta práctica de casarse con un ciudadano o un residente para obtener la residencia permanente ha sido comúnmente realizada por muchos inmigrantes, y para la abogada experta en asuntos migratorios, Jessica Domínguez, esta opción debería dejar de ser considerada porque las consecuencias son de carácter irreversible.

"Simplemente no vale la pena, los beneficios no son mayores a los castigos que una persona —encontrada culpable de matrimonio por conveniencia— pueda recibir", expresó Domínguez. "Los riesgos son muy grandes y los castigos son siempre de carácter permanente", agregó.

Según Domínguez, una persona que es declarada culpable tiene una remoción de por vida a ingresar a este país y dependiendo de las leyes de cada Estado podría enfrentar varios años en la cárcel.

En el caso de Romero, la saga en la vida real que vive la actriz mexicana, popular por su participación en la novela Alma Herida y protagonista de Eternamente tuya, siguió ayer su curso en un tribunal federal de Los ángeles

Ayer los padres de la actriz pasaron al estrado llamados por la defensa, luego que la fiscalía terminara su participación formal en el proceso.

Tanto los fiscales como los abogados defensores declinaron hablar con La Opinión en un receso otorgado por el juez que lleva su caso.

La acusación formal alega que Romero pagó 5 mil dólares a Kenneth Ross para que se casara con ella y poder obtener la residencia permanente. De ser encontrados culpables enfrentarían cinco años de cárcel.

El Centro de Estudios para Inmigración (CIS), que sugiere que las autoridades deberían ser más estrictas en el control de visas de residente para personas que se casan, señala que los casos de fraude siguen siendo prolíficos en la nación.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), así como la Procuraduría Federal, no contaban con los datos estadísticos requeridos por este rotativo.

Sin embargo, según el reporte del CIS, el problema se puede medir con base en las peticiones familiares de cónyuges realizadas en 1985.

En este año, al menos un tercio de éstas fueron calificadas como fraudulentas por la Oficina de Contabilidad General, una dependencia del Congreso de Estados Unidos.

Y dado que las peticiones de esposas por parte ciudadanos y residentes son el camino más común a la residencia permanente, el CIS señala que las autoridades deberían hacer más al respecto.

De 1998 a 2007, se aprobaron cerca de 2.3 millones de peticiones familiares para residencia permanente. Más del 25% de las tarjetas aprobadas en 2007 fueron a través de matrimonios con ciudadanos estadounidenses.

Y aunque rara vez estos casos son llevados ante un tribunal federal, puesto que son manejados a través de procesos administrativos por el mismo USCIS, Thom Mrozek, vocero de la Procuraduría, señaló que no es inusual que esta dependencia acuse formalmente a parejas en caso de fraude matrimonial.

"Abrimos investigaciones por varias razones: quejas de ciudadanos, referencias de víctimas de crímenes, incluyendo de negocios que son defraudados o dañados por conducta ilegal", expreso Mrozek. "Al igual que evidencia descubierta por agencias del orden público, incluyendo a agentes de Inmigración, reportes de prensa y otros".

En 1985, el Congreso creó un requisito para peticionarios de familiares, en el sentido de que un beneficiario debe mantener la residencia condicional durante los primeros dos años de matrimonio.

Según Domínguez, cuando algunos solicitan para remover esta condición, disparan eventualmente investigaciones de parte de las autoridades federales sobre la validez del matrimonio.

El reporte del CIS señala que a pesar de que este requerimiento de dos años fue impuesto, el DHS aún experimenta un alto número de fraudes, que con los años crecen en complejidad.

En algunos casos, cuando la pareja tiene menos de dos años de casados y somete una petición, ésta podría ser investigada por la Unidad de Beneficios y Fraude del USCIS.

De esta manera las autoridades podrían, entre otras cosas, realizar visitas sorpresas a la residencia de la pareja o entrevistarla en cuartos separados para validar la veracidad de la relación.

"Mi consejo legal es simplemente que si se van a casar sólo por arreglar, no deben hacerlo", expresó Domínguez. "Las autoridades siempre tienen la discreción de enviar un caso negado a un juez de Inmigración. Y eso porque saben que la persona ya no tiene estatus y es deportable".