18 de agosto de 2010

Impre.com

NUEVA YORK – El procurador general del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció ayer el cierre de siete compañías que funcionaban en varios lugares de la ciudad luego que una investigación determinó que proveían servicios legales fraudulentos a inmigrantes.

Así mismo, se confirmó dos demandas legales adicionales, radicadas en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en contra de compañías dedicadas a estafar a miles de inmigrantes, e identificadas como "Inmigración Hoy", "Inmigración Hoy News Today", "Forensic Immigration Law" e "Inmigración Accounting Service", controladas por Edwin Rivera, de El Bronx.

La otra demanda radicada fue en contra del abogado Thomas Toscano, de Queens, a quien se le acusa de haber fallado en supervisar a empleados que no son abogados y que prestaban servicios legales a inmigrantes.

La investigación, realizada por agentes de la fiscalía, se inició luego de recibir denuncias de que las compañías mencionadas realizaban representación fraudulenta a nombre de inmigrantes. Además, se determinó que algunas compañías involucraban a abogados que ayudaban a otros a ejercer de forma no autorizada la práctica del derecho legal a inmigrantes.

Al respecto, Cuomo dijo que "estas compañías tomaban el dinero de los inmigrantes al prometerle que les proveerían servicio que ellos no podían cumplir". "Las prácticas fraudulentas de estas compañías causaron que gente inocente enfrentara problemas con su estatus inmigratorio y hasta su deportación".

Las compañías clausuradas, e impedidas para volver a operar cualquier tipo de negocio relacionado con prestar servicios de inmigración, fueron identificadas como Centro Santa Ana, Inc. Propiedad de Ana Lucía Baquero, de Queens; Margo’s Immigration Services, Margarita Davidov, conocida como Margo Davidov, Queens; Miguel Futtipaldi, J.D., Ltd, Manhattan; Arthur C. Hurwitz, Manhattan; Oficina Legal Para Hispanos, P.C., Geoffrey S. Stewart, Manhattan; Asilos y Camilo Perdomo, Queens y Misión Hispana Inc, de Mayra Liz, Queens.

Las multas que enfrentan las anteriormente mencionadas ascienden a 370 mil dólares.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, las siete compañías clausuradas, se comprometieron a notificar por escrito a sus clientes acerca de que no estarán nunca más prestando ningún servicio relacionado a inmigración.

maria.loboguerrero@eldiariony.com