17 de agosto de 2010

El Vocero

Cuando Caribbean Petroleum Corporation y dos de sus empresas afiliadas, regresaron a pedir la protección del Tribunal Quiebras de Delaware reclamando deudas que fluctúan entre $500 millones y $1,000 fue un primer paso para tratar de vender la difunta refinería, su finca de tanques de almacenaje de combustible y todo el resto de sus facilidades en Bayamón.

Capeco, que conjuntamente con Caribbean Petroleum Refining y Gulf Petroleum Refining estima el valor de todos sus activos entre $100 millones y $500 millones, dice que luego de la explosión del 23 de octubre de 2009 sus ingresos han ido desapareciendo al punto que en ocasiones no ha tenido suficientes fondos para siquiera adquirir combustible para suplir las gasolineras Gulf ni pagar una pequeña nómina.

Esta es la segunda ocasión en menos de una década que el empresario israelí Gad Zeevi lleva a varias de sus compañías en Puerto Rico a la quiebra ante el Tribunal de Delaware.

La bancarrota anterior fue un proceso lleno de controversia e interrogantes muchas de las cuales nunca se contestaron incluyendo el porqué bajo la Administración de la entonces gobernadora Sila María Calderón el Departamento de Hacienda le redujo una deuda contributiva de $191 millones a meramente $32 millones, condonándole $159 millones.

Esta deuda con Hacienda se suponía se pagase en ocho plazos pero todavía quedan pendientes por pagar $13.5 millones, de acuerdo con los documentos recién radicados en Delaware. Capeco también tiene le debe a todas las utilidades públicas de Puerto Rico por lo cual le está pidiendo a la corte que ordene que se le congelen estas deudas y se le sigan rindiendo servicios tales como agua y luz en lo que logra estabilizar sus finanzas.

Pero, el principal acreedor en lo que promete ser una lista de hasta mil acreedores afectados por la nueva bancarrota, es el Banco Popular ya que con su adquisición de Westernbank simultáneamente heredó sus deudas lo cual se traduce actualmente en $137 millones en una línea de crédito y varios préstamos, según indica una declaración jurada del actual principal oficial financiero de Capeco, Nicolás López Peña.

López Peña también se identifica como un ex socio del gobernador Luis Fortuño en su antiguo bufete de Correa, Collazo, Herrero & Fortuño PSC .

Entre los acreedores viejos también está FirstBank Puerto Rico entidad a la cual la empresa todavía le debe $12.5 millones de lo acordado bajo el Plan de Reorganización aprobado por el tribunal de Delaware en el 2003.

Pero atribuyendo sus nuevos problemas financieros al fuego de octubre, la Capeco estima que las reclamaciones en los pleitos que se han radicado en el tribunal federal de San Juan exceden los $455 millones.

Capeco dice además, que debido al fuego le podría deber hasta $15 millones a distintas entidades del Gobierno federal como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que han asumido el costo y la responsabilidad de la limpieza de sus terrenos.

Por otro lado, la empresa dueña del buque tanquero que estaba descargando combustible en el muelle de Capeco la noche de la explosión obtuvo el mes pasado una orden de un panel de arbitraje en Nueva York para que se le paguen $63.6 millones por el petróleo perdido en el incidente así como otros costos.

Confrontados con todas estas obligaciones, dice López Peña, la empresa y el Popular mantuvieron largas negociaciones tras lo cual "determinaron que una venta acelerada de la mayor parte de los bienes es la mejor manera de maximizar el valor de la propiedad de los deudores para el beneficio de sus acreedores. (La empresa) con el respaldo del Banco Popular comenzó los casos (de quiebra) para implementar el proceso de venta y conseguir una reestructuración abarcadora bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras".