11 de agosto de 2010

My Florida Legal

TALLAHASSEE (FL) – El Procurador General, Bill McCollum, anunció hoy que el programa Medicaid de Florida recibirá más de $3 millones después de llegar a un acuerdo con Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. para resolver las acusaciones de que la compañía estaba implicada en marketing de indicaciones de usos no aprobados para su medicamento Topamax. Ortho-McNeil-Janssen pagará a los programas estatales Medicaid casi $51 millones, que se distribuirán entre los estados y el gobierno federal de acuerdo con su financiación conjunta de los programas Medicaid.

El acuerdo resuelve las acusaciones de que Ortho-McNeil-Janssen participaba en un esquema integral para promocionar indebidamente Topamax para usos no aprobados. Topamax es un medicamento aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para tratar síntomas epilépticos y contribuir a la prevención de la migraña. A pesar de los limitados usos aprobados para Topamax, una investigación sostiene que Ortho-McNeil-Janssen promocionaba el medicamento a los médicos para tratar diversas afecciones psiquiátricas, como el trastorno bipolar, la drogadicción y el alcoholismo, entre otras. Las indicaciones para usos no aprobados provocaron que los programas de atención médica del gobierno, como Medicaid, pagaran más recetas de Topamax que lo necesario.

La participación de Florida en el acuerdo dio como resultado una recuperación total de más de $383,000 para el programa estatal Medicaid. De los fondos restantes, más de $691,000 se entregarán al fondo de ingresos generales del estado y casi $77,000 se destinarán al programa de Florida de Recompensas al Informante de Fraudes contra Medicaid del Procurador General para recompensar a las personas que entregan datos que conducen a procesamientos por fraude contra Medicaid. El saldo restante se pagará al gobierno federal para reembolsar la parte federal del programa Medicaid estatal.

Una de las condiciones del acuerdo es que Ortho-McNeil-Janssen firme un Acuerdo de Integridad Empresarial con la Oficina de Inspección General del Departamento Federal de Servicios Humanos y Salud, que ejercerá un control estricto de las futuras prácticas de marketing y ventas de la compañía.

El acuerdo se basa en dos casos de acciones qui tam que se presentaron en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito de Massachusetts por los denunciantes, particulares que iniciaron acciones de conformidad con las leyes estatales y federales de reclamaciones falsas.

La Oficina de Causas Civiles Complejas (Complex Civil Enforcement Bureau) del Procurador General, que forma parte de la Unidad de Control de Fraude contra Medicaid, se ocupa de investigar y litigar las causas por reclamaciones falsas de pagos que se presentan al programa Medicaid de Florida. La Oficina negoció la participación de Florida en el acuerdo.