10 de agosto de 2010

Primera Hora

Dos proyectos camerales en beneficio de personas con impedimento o discapacidades físicas en el país fueron convertidos en ley por el gobernador Luis Fortuño, informó hoy el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, y autor de ambas medidas, Jorge Ramos.

La primera de las medidas (proyecto de la Cámara 2291) dispone que se aumenten las penalidades a una persona no autorizada que utilice el rótulo removible para personas con impedimento o que lo falsifique, de $250 a $500.

Además, se penaliza a una persona que preste a otra el rótulo removible, lo que conllevará el revocamiento y confiscación del permiso. Además, se le impedirá al infractor presentar una nueva solicitud para obtenerlo hasta transcurridos cinco años desde la falta.

Asimismo, la persona que utilice u obstruya un área de estacionamiento designada para persona con impedimento, sin estar debidamente autorizado, incurrirá en falta administrativa y será sancionada con multa $500. En el pasado era de $250.

La segunda ley aprobada (1203) dispone que el diez por ciento de los fondos recaudados por concepto de las multas otorgadas a consecuencia de esas violaciones, serán destinados al Departamento de Salud, para compra de efectos y equipos de asistencia tecnológica o médicos utilizados por personas indigentes con impedimentos físicos.

"Es mucho lo que falta por hacer pero estamos trabajando duro para ofrecerle una mejor calidad de vida a las personas con necesidades especiales en nuestra población, un sector que muchas veces ha quedado en oídos sordos, dijo Ramos Peña.

El Censo Federal realizado en 2000 refleja que en Puerto Rico 934,674 personas tienen algún tipo de impedimento, o sea aproximadamente 26.8 de la población en la isla. Mientras, para 2009 la cantidad total de rótulos removibles autorizados ascendía a 27,679, según el Departamento de Transportación y obras Públicas.