28 de julio de 2010

El Vocero

La solicitud de equipos médicos no necesitados, así como la facturación por servicios no prestados se han convertido en los mayores esquemas de fraude al programa de Medicare en Puerto Rico. Cada día resulta más frecuente el procesamiento de este tipo de casos por parte de las autoridades federales en la Isla.

El agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal (HHS-OIG, por sus siglas en inglés) región de Nueva York, Tom O'Donnell, detalló estos esquemas que le cuestan miles y miles de dólares al gobierno estadounidense. "En Puerto Rico, los casos más grandes en términos económicos son los relacionados con las prótesis. También están los casos de fraude de compañías de ambulancia... durante los pasados cinco años, un total de 155 personas han sido acusadas de cargos relacionados con el fraude al Medicare", afirmó O'Donnell.

Agregó que "ahora estamos viendo que muchos dueños de este tipo de compañía están facturando grandes cantidades de dinero en poco tiempo. Estamos viendo proveedores corruptos que utilizan ilegalmente los nombres de pacientes y sus números de Medicare para facturar por servicios no rendidos o usan los números de doctores y facturan por servicios cuando en realidad los médicos nunca han ordenado ni autorizado los reclamos para facturarle al programa".

El funcionario destacó que uno de los casos más recientes fue el que llevaron contra Antonio Del Pino Castillo, propietario de la compañía Marla's Medical Equipment (MME), quien se declaró culpable el pasado 26 de junio de 125 cargos de fraude. Las autoridades le imputaban 131 casos de fraude al Medicare. El convicto, quien será sentenciado el 1ro. de octubre, fue acusado por un Gran Jurado de defraudar en casi $1 millón al Medicare en prótesis de piernas a personas que no la necesitaban durante un período de sólo dos meses. El Medicare pagó $531,485 en reclamaciones falsas de los $934,406 que sometió el empresario.

O'Donnell detalló que en este caso se entrevistaron a varios médicos que confirmaron que no conocían a los pacientes para quienes se ordenaron las prótesis. Tampoco autorizaron los referidos y no conocían a Del Pino Castillo. Del mismo modo, los beneficiarios no conocían a los médicos que aparecían en las reclamaciones falsas. En cuanto al fraude de compañías de ambulancia, el oficial federal mencionó el caso contra Gilberto Marrero Fuentes, propietario de Gil Ambulance Services, quien se declaró culpable junto a Santos Agosto, un empleado de una doctora a la que éste le falsificaba la firma para someter facturas al Medicare. Estos recibieron unos $207,187.40 en reembolsos de Medicare. Ambos fueron sentenciados el pasado 18 de junio por el juez Daniel Domínguez tres años de probatoria. A Marrero Fuentes se le impuso una restitución de $207,187.40.

O'Donnell explicó que estos esquemas son perpetrados mayormente por propietarios de pequeñas empresas de equipo médico y ambulancias, médicos y enfermeras. El modus operandi consiste en que los propietarios de estas compañías compran información de pacientes en el mercado negro y también cuentan con personas que trabajan en instalaciones médicas y venden información de pacientes.

Recientemente, también se han registrado casos de compañías que han sido vendidas y los nuevos propietarios incurren en los esquemas con expedientes inactivos en las empresas. Las autoridades se han percatado de facturaciones por cantidades sustanciales de dinero en pocos meses. "Normalmente, no son los beneficiarios los que incurren en estos esquemas. Son los dueños de estos negocios, que en su mayoría no saben de medicina, y quieren hacer dinero de forma rápida", apuntó O'Donnell.

De igual modo, manifestó que han detectado casos en que personal de diferentes compañías acude a asilos para promocionar servicios que pueden solicitar a través de Medicare, pero que en realidad no son necesarios para los pacientes. "Por ejemplo, hay envejecientes que son diabéticos y estas personas les dicen que el Medicare le puede pagar los zapatos de diabéticos aunque en realidad no los necesitan", acotó.

Otros tipos de esquemas de fraude son la alteración de reclamaciones médicas para recibir mayores cantidades de dinero, la radicación doble para recibir pagos duplicados, someter información falsa en expedientes médicos, así como diagnósticos falsos y el ofrecimiento de sobornos.

La Ley establece que las reclamaciones al programa de Medicare tienen que ser pagadas en un término de 30 días. Esto, a juicio del funcionario federal, estimula el fraude en el proceso de reclamaciones. "Se radican $4.5 millones diariamente a través de todo Estados Unidos. Sólo un pequeño por ciento de esos reclamos son revisados. Si el reclamo se ve bien, se paga. Si posteriormente se ve que hubo algo mal, OIG se involucra", explicó. Muchos de las reclamaciones se procesan electrónicamente.

Las autoridades federales desconocen la cantidad exacta en pérdidas por fraude al Medicare, ya que en muchas ocasiones los casos no son detectados.

No obstante, la Asociación Nacional Anti Fraude en Servicios de Salud estimó el fraude al Medicare en unos $60 mil millones.

"La gente se pregunta por qué tenemos tan pocos casos. Estos casos son complicados; son crímenes de cuello blanco. A veces toman hasta tres años. A veces, para un solo caso se hacen unas 40 entrevistas. En Puerto Rico se van a contratar más agentes para que trabajen con estos casos y se acuse más rápido", indicó.

Mencionó que la Fiscalía Federal ha incluido el cargo de robo de identidad agravado en las acusaciones de esquemas de fraude al Medicare. El robo de identidad ocurre cuando alguien utiliza la información de otra persona sin su consentimiento para cometer fraude y otros crímenes. "Conlleva un cargo mínimo de dos años de cárcel. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia para que los individuos que lo cometan terminen en la cárcel", apuntó O'Donnell.

El fraude al Medicare ocasiona un incremento por estos servicios. O'Donnell instó a los beneficiarios a estar pendientes de sus facturas de Medicare. El público puede informar de casos de fraude al 1-800-447-8477.