27 de julio de 2010

Primera Hora

Uno de los candidatos para la presidencia del Colegio de Abogados, Javier A. Echevarría Vargas, advirtió que las nuevas reglas de Procedimiento Civil deberían ser enmendadas para nivelar el terreno a favor del ciudadano, particularmente en casos de cobro de dinero.

Echevarría Vargas, ex secretario de Asuntos del Consumidor (DACO), explicó que bajo las reglas de procedimiento se mantenía una serie de garantías procesales para el deudor en casos de obligaciones de $5 mil o menos. Entre otras, no había descubrimiento de prueba, ni emplazamiento, y el caso era más expedito.

Las nuevas reglas, aunque mantienen dichas protecciones, suben el tope de la obligación cubierta de $5,000 a $15,000. Aunque las reglas cobijan tanto a ciudadanos como a empresas, se cree que el individuo tendrá menos posibilidades de obtener una reclamación de cobro.

"Con una sola vista judicial sería suficiente. Se beneficia a las instituciones financieras y se perjudica al ciudadano común", sostuvo Echevarría Vargas, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Ponce.

Indicó que las instituciones cuentan con más recursos que los ciudadanos para llevar planteamientos legales que eviten la aplicación de la regla 60.

Aunque las nuevas reglas tienen como objetivo ampliar el acceso a la justicia, Echevarría Vargas consideró que el ordenamiento procesal no necesariamente cumple con su cometido.

Decisiones del tribunal han abierto el paso para que los ciudadanos en la Isla se puedan defender por derecho propio y las nuevas reglas así lo consignan.

De hecho, la Administración de Tribunales cuenta con el Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio, el cual orienta a los ciudadanos que muestran interés en llevar sus casos en los tribunales.

Pero muchos jueces y abogados, como Echevarría Vargas, opinan que la defensa por derecho propio coloca usualmente al ciudadano en una situación de desventaja ante los abogados y jueces.

La delegación del Colegio de Abogados de Utuado, por ejemplo, emitió una resolución para oponerse a la litigación ciudadana.

"Hay personas que no saben leer ni escribir e intentan llevar sus propias demandas. Hay grandes inquietudes sobre este tema", indicó.

El letrado subrayó que las reglas tampoco proveen una transición entre los dos ordenamientos procesales.

Por ejemplo, el periodo para el emplazamiento de las demandas se redujo de seis a cuatro meses y se desconoce a ciencia cierta el término que ahora aplica.

"No pueden haber dos ordenamientos procesales paralelos", subrayó Echevarría Vargas.