6 de julio de 2010

La Opinion

Aunque la mayoría de las casas ejecutadas por los bancos en el país en los últimos tres años pertenecían a propietarios blancos, una cantidad desproporcionada de hispanos se quedó sin la suya en ese período, una tendencia que va a acentuarse en los próximos dos años, de acuerdo a un estudio revelado la semana pasada.

La noticia no pinta bien para el Sur de California, que se encuentra en el propio epicentro de la crisis inmobiliaria a raíz del abuso de las llamadas hipotecas chatarras o sub-prime.

El estudio Embargos por raza y etnia: datos demográficos de una crisis, realizado por el Center for Responsible Lending (CRL), prevé que aproximadamente uno de cada cinco hispanos se encuentra en peligro de perder su casa de aquí a 2012, comparado con uno de cada siete blancos.

Los afroamericanos se encuentran en una situación similar a la de los hispanos.

El 17% de los propietarios hispanos del país -y el 11% de los afroamericanos- han perdido sus casas como resultado del fiasco inmobiliario.

En otras palabras, aunque este descalabro ha golpeado a todos los grupos, el impacto ha sido desigual en detrimentos de las minorías.

Al analizar la situación de las personas que adquirieron vivienda recientemente, el 8% eran hispanos o negros, comparado con 4.5% de blancos, subraya el estudio.

Sus autores señalan que la pérdida de plusvalía registrada en los vecindarios de minorías impactados por esta situación asciende a 350 mil millones de dólares, "una cantidad que posiblemente supera los daños causados a los estados del Golfo de México por el huracán Katrina".

La ejecución masiva de casas no sólo ha llevado a la pérdida del patrimonio de millares de familias, sino que ha resultado en la pérdida de millones de empleos, especialmente en la construcción.

Tan sólo el año pasado, informó recientemente la Asociación de la Industria de la

Construcción de California (CBIA), se perdieron 129 mil empleos en ese sector en todo el estado. Los que más han sufrido a consecuencia del aluvión sin precedentes de embargos, como California, han perdido buena parte de sus ingresos fiscales y ahora tienen que bregar con los costos ocasionados por barrios enteros carcomidos por los embargos.

En los años previos al estallido de la burbuja hipotecaria, casi todos los gobiernos municipales y condales, incluyendo Los ángeles, estimularon la construcción de proyectos residenciales y centros comerciales, como apuesta futura para expandir sus entradas.

De acuerdo a los datos más recientes de RealtyTrac, una firma de bienes raíces de Irvine, uno de cada 186 propietarios del estado recibió una notificación de embargo en mayo. El total de inmuebles que cayó en la lista de ejecuciones en California ese mes rondó los 16 mil, lo que representa el 22% de la cifra nacional.

Al final del reporte, Mike Calhoun, presidente de la CRL, recomendó invertir más en materia de prevención y en los medios para lograr la recuperación del sector inmobiliario.

"Ahora que el Congreso ya aprobó la reforma financiera vemos la necesidad de fortalecer –en lugar de debilitar-- las reglas que regulan los préstamos hipotecarios", dijo Calhoun.

Según varios analistas, los orígenes de la crisis están en la ausencia de mecanismos de regulación que impidieran el abuso de fórmulas arriesgadas y abusivas por parte de las instituciones financieras, las cuales condujeron a una situación de alta explosividad.

El CRL estima que en los primeros tres años del desastre inmobiliario, entre enero de 2007 y finales de 2009, se han llevado a cabo 2.5 millones de ejecuciones de inmuebles en todo el país.