25 de junio de 2010

El Vocero

Abogados que litigan en el Tribunal Federal de Puerto Rico cuestionaron el efecto que conlleva la determinación del Tribunal Supremo estadounidense que limitó la aplicabilidad del delito de fraude en los servicios honestos a cuando media el soborno.

"Habría que ver qué pasa ahora con el caso de los médicos que se declararon culpables de fraude en los servicios honestos donde no medió soborno", cuestionó la licenciada Nereida Meléndez del bufete McConell Valdés, quien fue fiscal federal.

Explicó que para no declarar inconstitucional el cargo de fraude en los servicios honestos, el Tribunal Supremo estadounidense limitó el mismo para los casos de soborno.

La letrada afirmó que con la decisión del más alto foro norteamericano se desestimaría el cargo de conspiración de fraude postal para la privación de los servicios honestos de la junta del Tribunal Examinador de Médicos (TEM).

De hecho, en enero pasado el juez federal Jay García Gregory pospuso hasta nuevo aviso el juicio contra Perocier y otras once personas hasta que el Tribunal Supremo estadounidense se expresara en relación a tres casos que tenía ante su consideración en los que se ataca la constitucionalidad del cargo de fraude en los servicios honestos.

Perocier, fue acusada de conspiración para cometer fraude postal entre noviembre de 2000 a diciembre 7 de 2004, para privar a la Junta de sus servicios honestos.

De acuerdo a la acusación, en esas cartas Perocier informaba a los médicos -que se habían colgado en los exámenes de destrezas básicas- que habían pasado con el mínimo requerido y también enviaba licencias provisionales.

No obstante, el caso contra Perocier permanece vivo debido a que el pasado 20 de abril un Gran Jurado emitió un pliego acusatorio enmendado en el que se les acusa además de robo de identidad agravado.

"La Fiscalía Federal continuó utilizando ese estatuto para cubrir más conducta delictiva "y llegó un momento dado que no se sabía en que se aplicaba porque no define el crimen", apuntó Meléndez.

Entretanto, otro abogado que litiga en el foro federal y que pidió no ser identificado afirmó que la determinación del Tribunal Supremo no tendrá efecto en casos retroactivos.

Manifestó que la Fiscalía Federal tiene o debe buscar otro delito similar o solicitar la desestimación de los cargos.

"Eso del honest services fraud ha estado en ascuas. No define suficientemente claro el cargo para que una persona común pueda entender las consecuencias de sus actos", acotó.