La Procuradora de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico, Rossana López León informó que en cumplimiento con su función ministerial estará radicando un recurso de Mandamus ante el Tribunal General de Justicia contra el Departamento de la Familia. Esto luego de que personal de la Oficina que dirige sostuviera varias reuniones con personal directivo del Departamento de la Familia. En las mismas se le indicaron varios señalamientos relacionados al ofrecimiento de los servicios a la población de edad avanzada. Además, se le informó sobre el inicio de una evaluación de las funciones que estaba llevando a cabo el Departamento, cónsono con la dilación por meses en el manejo de casos de protección. Estas situaciones ponen en riesgo el bienestar y vida de las personas de edad avanzada. El recurso lo lleva a cabo por incumplimiento con los deberes en la atención de la población de edad avanzada, ya que en la OPPEA se recibieron 765 querellas contra el Departamento, para el año fiscal 2008-09. Para el mes de abril del año fiscal actual, ya se han evidenciado otras 541 querellas, de las cuales en 307 se corroboró que no hubo acción alguna por el Departamento, siendo estas mayormente querellas de protección. Muchas de estas de estas querellas fueron casos que tuvieron que ser asumidos por la OPPEA, debido a las situaciones de riesgo. Sin embargo, todavía quedan pendientes en el Departamento unos 215 casos. En la evaluación llevada por la Procuraduría, desde el año 2008 hasta abril del 2010, se identificaron unos 106 casos en los cuales hubo inacción o retraso en los servicios requeridos al Departamento y en donde se identificaron 28 casos en los cuales las personas fallecieron sin que los servicios del Departamento fueran provistos. Entre éstos se encontraron personas en riesgo de deshidratación, agresión, caídas, hospitalizaciones, pobre higiene, deterioro de salud física y mental, y condiciones infrahumanas, entre otros.

En adición, en respuesta a querellas recibidas en la OPPEA, durante los meses de mayo y junio de 2010, el personal llevó a cabo visitas de monitorías a todos del Centros de Actividades y Servicios Múltiples para Personas de Edad Avanzada, operados por el Departamento, identificando serias irregularidades. Entre los señalamientos más significativos está: el incumplimiento con el Reglamento del propio Departamento, utilizado por los Oficiales de Licenciamiento, y la pérdida de servicios esenciales como comidas, transportación, salud, servicios sociales, recreación, entre otros, que benefician a 573 personas de edad avanzada. En siete de los 10 Centros de Actividades para Personas de Edad Avanzada, administrados por dicho Departamento, se evidenció que se encontraban operando sin algunas de las licencias requeridas para el funcionamiento. Entre las mismas se encuentran la Certificación de Bomberos, Departamento de Salud y la licencia del mismo Departamento de la Familia.

La Procuradora Rossana López expresó: "La falta de recursos es evidente y es resultado de la falta del capital humano". "Me reafirmo en que se tienen que seguir ofreciendo los servicios a la población de edad avanzada de manera que no se vea en riesgo su vida y bienestar. Estamos hablando de seres humanos que siempre son discriminados y maltratados también por el mismo sistema". "Continuaré luchando para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la población de edad avanzada con el compromiso que he demostrado y que ha regido las decisiones que he tomado durante todo el tiempo que he estado sirviendo a esta población" concluyó López León.