22 de junio de 2010

El Nuevo Dia

El Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró ultra vires y, por tanto, nulas las actuaciones de los ex secretarios de Hacienda y de Transportación y Obras Públicas al poner en vigor en el 2005 un impuesto a los automóviles con precio de venta de $40,000 o más.

"Por lo tanto, procede la devolución de las cantidades ilegalmente cobradas por concepto de los derechos anuales adicional", reza la opinión suscrita por la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez.

El caso que que dio base a la determinación, que se dio a conocer hoy, se remonta al 2006, cuando varios dueños de automóviles afectados por el impuesto cuestionaron la validez legal del mismo.

Según detalla la opinión, en la Ley Núm. 42 de 1 de agosto de 2005, que enmendó varios artículos de la Ley de Vehículos y Tránsito de 2000, había una condición que sujetaba la efectividad del estatuto a que se aprobara la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General 2005-2006, dicha condición no se cumplió pues el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, le dio un veto de bolsillo a la medida.

"Ante el veto de bolsillo que le impartió el gobernador Acevedo Vilá a la Resolución Núm. 445 sobre el Presupuesto General 2005-2006, es forzoso concluir que la Ley 42 no advino efectiva", señala el máximo foro judicial.

El Tribunal Supremo no ordenó la devolución inmediata del dinero de los contribuyentes al tomar en consideración "el difícil estado de las finanzas públicas en nuestro país". Dejó la determinación del cuándo y cómo se devolverán los fondos "al entendimiento y buena fe" del Gobierno y los demandantes, y devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que sea este foro el que establezca un plan que tome en cuenta los intereses de ambas partes.

Se unieron a la opinión de la jueza Rodríguez Rodríguez, el juez presidente, Federico Hernández Denton, y la jueza asociada Liana Fiol Matta. El juez Rafael Martínez Torres emitió una opinión de conformidad, a la que se unió Erick Kolthoff Caraballo. El juez Efraín Rivera Pérez y la jueza Mildred Pabón Charneco no intervinieron.