1 de junio de 2010

Proconsumidor.gov

Directora Pro Consumidor Disertando en WashingtonWASHINGTON, Estados Unidos.-La directora de Pro Consumidor expresó su preocupación por las firmas de contratos de adhesión en República Dominicana, lo que a su juicio afecta la autonomía de la voluntad entre las partes, sobre todo a los consumidores, quienes tienen que someterse a las imposiciones de los proveedores.

La licenciada Altagracia Paulino consideró que los contratos de adhesión constituyen una de las principales batallas que los jueces civilistas tienen la obligación de señalar su inadecuación en el Derecho Civil para dar respuesta a todo el fenómeno consumista, ya que el principio de la autonomía de la voluntad se hace inaplicable.

Expresó sus consideraciones en el Centro de Conferencia de la Comisión Comercial Federal de Estados Unidos, ubicada en Washington, Distrito de Columbia donde disertó sobre el tema "Los Derechos del Consumidor: su Defensa desde Los Gobiernos Versus Las Organizaciones de Consumidores.

Consideró que el consumo como categoría histórica ha existido desde que la comunidad humana dejó de producir para el pequeño grupo, propició el intercambio entre sus congéneres y decidió vender los excedentes.

Dijo que desde entonces aparecieron los clientes demandando en función de sus requerimientos y los ofertantes empeñados en mantener esa relación que fue creciendo en tanto y en cuanto la población aumentó juntamente con el comercio.

Afirmó que la evolución en materia de consumo cambió definitiva el rumbo de la historia, trabajo consigo cambios en los términos y los conceptos, como el de cliente que evolucionó hasta el consumidor de hoy.

Planteó que aunque la ciencia del Derecho se ha ocupado del consumo en razón de que se produce una nueva forma de contracto social y jurídico entre proveedores de bienes y servicios y consumidores y usuarios, se produjo una ruptura en los grandes dogmas del derecho clásico, afectando por un lado la autonomía de la voluntad y por el otro la culpa como presupuesto de la responsabilidad.

"Como resultado, el contrato ya no es más la consecuencia de la libre voluntad de las partes en el marco de la igualdad jurídica, aparecen los contratos de adhesión, con las cláusulas predispuestas en las que el proveedor impone las condiciones a las que el consumidor debe someterse si pretende tener acceso al bien o servicio", planteó.

La directora de Pro Consumidor dijo que los contratos de adhesión en tal sentido implican una desigualdad jurídica, que no es consecuencia de la económica, "es que encuentra sustento además en la falta de información acerca de los productos y de los derechos que le asisten a quien se ve constreñido a contratar para la obtención de un bien.

En consecuencia, dijo que esas situaciones han tenido como consecuencia asimetría de información entre proveedor y consumidor; carácter imprescindible de los bienes o servicios a contratar y la imposibilidad por parte de los consumidores de cambiar las situaciones jurídicas que les proporcionan contratos estereotipados.

"Todo este escenario conlleva a que el derecho común se vea una regulación insuficiente ante el mismo, por lo que se precisa de una política de protección por parte del Estado hacia el consumidor, el cual se ve afectado de forma sensible ante situaciones en la cual la desigualdad es evidente", consideró.