29 de mayo de 2010

El Vocero

Antonio Del Pino Castillo, propietario de la compañía Marla’s Medical Equipment (MME), quien fue acusado por un Gran Jurado de 131 cargos de fraude en casi un millón de dólares al Medicare en prótesis de piernas a personas que no la necesitaban, se declarará culpable de estos hechos el 18 de junio.

Así consta en una orden emitida por el juez federal Gustavo Gelpí contenida en el expediente electrónico del caso.

Según el pliego acusatorio, entre el 23 de junio al 26 de agosto del 2009 el acusado hizo reclamos al Medicare por prótesis de piernas a personas que no han tenido amputaciones.

Del Pino Castrillo se encuentra ingresado en el Centro de Detención de Guaynabo (MDC, por sus siglas en inglés) desde su arresto el 27 de octubre del pasado año en Miami, Florida.

De los $934,406 en reclamaciones falsas Medicare pagó $531,485.

Del Pino Castillo enfrenta 132 cargos de fraude el Medicare, declaraciones falsas, robo agravado, robo de identidad y un cargo de confiscación de $531,485.

Una declaración jurada de un agente federal, incluida en el expediente electrónico del caso indica que Del Pino Castillo adquirió MME el julio del 2009. La compañía tiene sus oficinas en Camuy.

Según el documento, en junio de 2009 MME sometió reclamos de $20,743 (con el propietario anterior). En el mes de julio los reclamos fueron de $327,881.

Los reclamos al Medicare fueron depositados electrónicamente a una cuenta bancaria de Del Pino Castillo.

De acuerdo a la declaración jurada, durante la investigación se entrevistaron a cuatro médicos que afirmaron que no conocían a los pacientes a los que se les ordenó las prótesis, tampoco conocían a Del Pino Castillo y no autorizaron los referidos. El acusado obtuvo los números de proveedores de los médicos para facturarle al Medicare.

Algunos de los médicos sólo hacen reemplazos de caderas y rodillas.

De igual forma, los agentes entrevistaron a los supuestos pacientes, quienes no necesitaban prótesis de piernas porque, en efecto, tenían sus piernas. Tampoco los beneficiarios conocían a los médicos que aparecían en las reclamaciones falsas.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal, agencia que según la declaración jurada, fue alertada ante el significativo incremento en reclamos al Medicare por prótesis en junio del 2009 a julio de ese año.

La Fiscalía Federal solicitó al juez Gustavo Gelpí la confiscación de $92,200.57 en una cuenta bancaria del imputado.