27 de mayo de 2010

El Nuevo Dia

"Nos han dejado al borde del precipicio".

La expresión pertenece a Sheila Berríos Sánchez, una mujer de 39 años que perdió su empleo tras 10 años como oficinista en el Departamento de la Familiar, a causa de la Ley 7 de Emergencia Fiscal.

Esta madre soltera con tres hijos, que fue cesanteada el pasado 5 de abril, relató a El Nuevo Día que solicitó un vale vocacional para estudiar repostería.

Indicó que, no obstante, el Consejo de Desarrollo Ocupacional (CDO) le dijo que para recibir la ayuda gubernamental de $2,500, ella tiene que saldar el resto del costo de la matrícula del instituto vocacional.

éste cobra $9,595 por el curso, pero la beca Pell le otorga $5,500, por lo que la desempleada tendría que conseguir otros $1,500 para saldar la diferencia y poder recibir el vale, explicó Berríos Sánchez.

El vale no es lo única ayuda que Berríos Sánchez sigue esperando.

Como se quedó sin dinero tuvo que dejar la casa que alquilaba y mudarse a un apartamento del residencial El Prado que, según relató, está en pésimas condiciones: tiene los pisos manchados, los gabinetes rotos y las ventanas inoperantes.

Tampoco, agregó, ha recibido ayuda para el pago de los servicios de agua y luz, y el plan médico prometido no ha llegado. Por eso le tocó el plan de salud de la Reforma.

La mujer indicó que el padre de su hijo menor le debe $10,000 de pensión alimentaria y que, ha tocado, en vano, las puertas de legisladores y del municipio para conseguir una estufa y una nevera.

"Nos han ofrecido un sinnúmero de ayudas y nos han dejado al borde del precipicio", declaró Berríos Sánchez, quien dijo que es paciente de salud mental desde antes de su despido.

"Están tratando de humillarnos y de pisotearnos, nosotros no tenemos culpa", aseguró.

La dama dijo que hace malabares con un cheque de $499 mensuales que recibe del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para sacar adelante a sus tres hijos, dos de los cuáles estudian en la universidad gracias a las becas y a un préstamo estudiantil.

No tiene ayuda por desempleo porque está luchando obtener el retiro por incapacidad con el Seguro Social.

"Con cero ingresos no se puede vivir", afirmó.

Berríos Sánchez contó que trató de suicidarse de una sobredosis con pastillas el pasado primero de noviembre y que estuvo cuatro días en intensivo en un hospital. Sus médicos le cambiaron sus medicinas de la depresión, agregó.

¿Qué usted quiere del Gobierno?

"Que por favor me ayuden un poco más. Somos padres de familia, en caso mío jefa de familia, y todo lo que pido es que me ayuden a salir hacia adelante", apuntó.

Por su parte, el secretario del Trabajo Miguel Romero dijo que han entregado 1,340 vales de ayuda a cesanteados por la Ley 7.

"Las personas que han expresado inconformidad (con los vales) han sido mínimas", dijo Romero.

El Secretario se mostró sorprendido con las razones que, según Berríos Sánchez, no le dieron el vale.

"No había escuchado una cosa así", expresó Romero.

El director de comunicaciones del Consejo, Osvaldo Soto, dijo que lo único que necesita Berríos Sánchez es entregar un documento de la institución.

La mujer respondió que ella ha llevado el documento, pero no se lo aceptan porque no puede saldar los casi $1,500 restantes para la institución educativa.

Soto dijo que la institución académica estaba llenando mal el documento y que el lunes estarían llamando al instituto.

Cuando le provean el documento correcto "tan pronto lo traiga le vamos a procesar el vale inmediatamente", apuntó Soto.

Resultaron infructuosas las gestiones de este diario para obtener reacciones de los departamentos de la Familia y Vivienda. De acuerdo con la cesanteada, el primero le negó ayuda para el pago de renta, agua y luz, y el segundo la ubicó en un pésimo apartamento.

Romero hizo sus expresiones días atrás en la Primera Cumbre de juntas locales bajo los fondos federales de Inversión de la Fuerza Trabajadora (WIA, por sus siglas en inglés).

Este programa de orientación al desempleado atendió este año -en el que se aplicó la Ley 7- a 19,936 personas.

El año anterior había ofrecido servicios a 6,000 el año anterior, según se indicó en la cumbre.

El programa enfrenta una reducción de fondos federales de casi 20%. Este año fiscal tiene un presupuesto de $96 millones y el presupuesto recomendado para el próximo es de $78 millones.

Romero rechazó que esa reducción implique cesantías en los consorcios WIA, ya que buscarían la forma de ahorrar de otras maneras.

Sin embargo, el presidente de la Junta Estatal de los WIA, Nicolás Muñoz, dijo que los despidos son una posibilidad.

El director del Consejo de Desarrollo Ocupacional, Aurelio González, principal encargado de los fondos WIA, dijo que los vales otorgados por el gobierno han generado unos $6 millones en nuevos negocios, lo que el considera "un éxito".

González recordó que también cuentan con el portal de Internet Puerto Rico Trabaja, el cual tiene 5,511 plazas para 39,002 candidatos registrados, según datos de la agencia.