24 de mayo de 2010

La Opinion

Las instituciones de crédito que no se hagan responsables del mantenimiento de propiedades embargadas en Los ángeles enfrentarán multas de hasta 100 mil dólares, bajo una nueva ordenanza que ayer aprobó el Concejo de esta ciudad.

El plan del Ayuntamiento es evitar que las viviendas abandonadas —debido a que sus dueños dejaron de pagar elevadas hipotecas— se conviertan en lugares donde se reúnen delincuentes para cometer crímenes, o acumulen plagas.

Por otro lado, se considera como una opción para que las instituciones bancarias ofrezcan incentivos adicionales a los arrendatarios antes de que salgan de la propiedad.

La nueva ordenanza, aprobada con un voto unánime, establece que por cada día que un banco no atienda una casa desalojada recibirá una multa de 1,000 dólares, que no exceda la cantidad de 100 mil dólares por unidad. Antes de ser sancionados, habrá un plazo de 30 días para corregir el problema.

Bajo esta legislación el municipio contará con un registro de todas las casas embargadas o que se encuentra en alguno de los pasos de una ejecución hipotecaria, que incluirá información de la empresa o persona que deberá hacerse cargo del cuidado de éstas. La tarifa anual de registro por cada unidad será de 155 dólares, mientras que la infracción por cada día de retraso se fijó en 250 dólares.

Las autoridades municipales prevén recaudar al menos 5 millones de dólares cada año, ingreso considerado para balancear un déficit de presupuesto de 485 millones de dólares en el ciclo fiscal 2010-2011, particularmente para impedir la eliminación de mil empleos.

Cifras del gobierno de Los ángeles indican que alrededor de 5,900 unidades fueron embargadas en esta metrópoli entre enero de 2007 y diciembre de 2009. Sólo en el último cuarto del año pasado, 865 unidades fueron reposeídas.

Mientras que en todo el condado se calcula que 100,000 casas, condominios y apartamentos se encuentran en alguno de los pasos de una ejecución hipotecaria.

"Estas propiedades se han convertido en un lugar negativo", expresó el concejal Eric Garcetti, autor de la ordenanza. "Los bancos son responsables, como cualquier otra persona, de dar mantenimiento a las propiedades desalojadas y prevenir el vandalismo", manifestó el funcionario.

Garcetti recalcó que algunas de estas viviendas abandonadas representan un riesgo para la salud y la seguridad de los vecindarios donde se ubican.

De acuerdo con el Distrito de Control de Vectores del área de Los ángeles, las piscinas de casas deshabitadas se han convertido en un foco de infección.

"Si la maleza ha crecido, se convierte en un imán de plagas. Si una ventana se rompe, la gente entra y vende drogas dentro. El valor de las propiedades de toda una cuadra baja y se dispara la delincuencia", alertó el concejal.

Con el dinero recaudado por las multas y tarifas que se aplicarán a los bancos se cubrirá el gasto por el registro, inspección y aplicación del Código Municipal.

Tanto el Valle de San Fernando, como el sur de Los ángeles, son las zonas con más unidades abandonadas, que además comparten los índices delictivos más elevados.

"Este es el primer paso para hacer notar qué propiedades necesitan ser rehabilitadas" y ahuyentar a los delincuentes de éstas, expresó Jacquie Simms, presidenta del Consejo Vecinal de Watts.

El procurador de la ciudad, Carmen Trutanich, celebró que el llamado Programa de Registro de Embargos es un mecanismo que evita que los vecindarios se "conviertan en ruinas" por la falta de mantenimiento adecuado, al tiempo que permitirá una mayor vigilancia.

La respuesta de las instituciones de crédito a la nueva ordenanza del gobierno de Los ángeles no se hizo esperar. A nombre de éstas, la abogada Tania Cardoso explicó que el deterioro de las unidades es provocado principalmente por los últimos arrendatarios.

"Ellos [los bancos] no son responsables, la gente ha dejado las propiedades en malas condiciones. Cuando recibimos una casa remueven plantas, porque las dejan en malas condiciones. No es problema de los bancos", recalcó Cardoso.

La concejal Janice Hahn afirmó que dicha ordenanza significa una opción para que disminuya la cantidad de viviendas embargadas. "[Los acreedores] tratarán de renogociar los préstamos hipotecarias con los propietarios para no pagar las multas", mencionó.

Mientras que su colega Richard Alarcón consideró que la nueva iniciativa beneficiará a las familias que pretenden adquirir estas propiedades, pues algunas deben desembolsar más dinero al valor de la vivienda en reparaciones. "Va a ser bueno para la ciudad y ganamos ingresos para nuestro presupuesto", comentó el funcionario.

Las autoridades municipales instan a los angelinos a que tomen parte en este esfuerzo e informen sobre viviendas hipotecadas en malas condiciones llamando al servicio telefónico 311.