20 de mayo de 2010

El Nuevo Herald

Un distribuidor paredes de tablaroca de Miami sabía que había vendido material defectuoso a constructores de viviendas hace cuatro años, según un acuerdo confidencial que firmó con un importante fabricante chino.

Después que los constructores se quejaron al distribuidor, el fabricante chino reemplazó el inventario de tablaroca china de Banner Supply, con sede en Miami, con productos fabricados en Estados Unidos.

Pero Banner no dijo una palabra sobre las quejas al gobierno ni a los que ya habían comprado viviendas fabricadas con ese material, información que habría podido evitar a otros propietarios los costosos y malolientes problemas que enfrentan ahora, según abogado miamense Víctor Díaz.

El gerente general de Banner, Edward Matthews, remitió todas las preguntas a un abogado que no devolvió llamadas telefónicas.

Según la publicación del sector Southeast Construction, Banner fue uno de los principales proveedores de materiales de construcción en la región en el 2007.

Aunque los propietarios ya tenían problemas en sus casas, como un hedor a azufre, fallas en los equipos electrodomésticos y corrosión en los acondicionadores de aire, no fue hasta finales del 2008 que se pensó que las paredes de tablaroca fueran culpables. Durante el pasado año, la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor ha recibido alrededor de 3,300 quejas sobre paneles de tablaroca defectuosos en 37 estados y el Distrito de Columbia. Muchas de esas quejas se originaron en la Florida.

Se importó suficientes paneles de tablaroca de China para abastecer a 100,000 casas en todo el país, según el grupo de defensa del consumidor Americas Watchdog, con sede en Washington, y los archivos de envío que muestran la cantidad de paneles que se importaron.

Se cree que gran parte de los paneles en cuestión se importó durante el auge de la vivienda y los esfuerzos de reconstrucción que siguieron a varios huracanes.

El próximo mes varias demandas contra Banner comenzarán a ventilarse en el tribunal de circuito de Miami-Dade, las primeras en la Florida. Díaz, que representa a muchos propietarios, ha pedido al tribunal que revele los acuerdos hechos por Banner en el 2007, sobre los que todavía no quiere hablar.

"Estos documentos deben hacerse públicos', dijo Díaz. "Son de un enorme interés público'.

El caso de Díaz podría sacar a la luz los esfuerzos de fabricantes y distribuidores para ocultar la información a los propietarios y entidades de gobierno, lo que hubiese reducido el uso de paneles contaminados.

Pruebas realizadas por el gobierno federal han confirmado que las emisiones de los paneles defectuosos pueden corroer equipos electrodomésticos, los cables eléctricos y otros metales, pero las pruebas para determinar sus efectos sobre la salud no se han concluido. Posibles soluciones, como las recomendados por organismos de gobierno y un juez federal, son desmantelar el interior de las viviendas afectadas y reconstruirlas. Pero muchas compañías de seguro no cubren esos costos, lo que ha obligado a los propietarios afectados a recurrir a los tribunales.

En un tribunal federal de Louisiana donde se ventilan numerosos casos contra fabricantes extranjeros de panales, el fabricante chino Knauf Plasterboard Tianjin (KPT) ha admitido que sus paneles eran defectuosos e inadecuados.

La compañía, el único fabricante chino que ha respondido a las demandas en Estados Unidos, llegó esta semana a un acuerdo extrajudicial con la constructora Beazer Homes y ofreció pagar la reparación de viviendas en dos urbanizaciones del suroeste de la Florida construidas con paneles de KPT.

Aunque KPT no quiso hacer público el acuerdo firmado con Banner, la compañía declaró a The Miami Herald que había reemplazado unos 2.2 millones de pies cuadrados de paneles en el inventario de Banner en el 2007, después que la compañía los contactó sobre las quejas del hedor y otros problemas a finales del 2006. Una casa promedio usa entre 9,000 y 10,000 pies cuadrados de paneles de tablaroca, según la Gypsum Association, lo que significa que el producto reemplazado a Banner en el 2007 podría haber sido suficiente para unas 230 viviendas.

Anteriormente en el 2006, una compañía contratada por KPT examinó los paneles y concluyó que emitían compuestos sulfurosos en concentraciones más altas que el nivel natural en el aire, pero las conclusiones no fueron lo suficientemente graves como para causar preocupaciones de salud pública.

Aunque algunos fabricantes extranjeros han reportado al gobierno federal defectos que amenazan la salud o la vida humana, no tienen obligación de hacerlo, dijo Scott Wolfson, portavoz de la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor.

Pero cualquier otro participante en la cadena --importadores estadounidenses, distribuidores como Banner y otros-- sí están obligados a reportar los problemas.

"Esa obligación se hace efectiva cuando hay una infracción de una norma de seguridad, --información de que el producto podría presentar o presenta una amenaza sustancial, o que el consumidor podría enfrentar un riesgo de salud', dijo Wolfson.

En una declaración esta semana a The Miami Herald, el portavoz de KPT, Don Hayden dijo que "debido a que no existía base alguna para preocupaciones de salud o seguridad, no contactamos a la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor ni a ninguna otra entidad gubernamental. Cuando más adelante salieron a relucir las consecuencias para otros componentes de la casa [como los equipos electrodomésticos] en el verano y el otoño del 2008, participamos en investigaciones de entidades estatales y federales'.

Una pareja representada por Díaz, Jason y Melissa Harrell, tuvo que mudarse a principios del año pasado cuando el mal olor en su casa de Homestead se hizo intolerable y nada de lo que hicieron por aliviar los problemas respiratorios de sus hijos surtió efecto.

"Jason y Melissa Harrell compraron su casa en enero del 2008', dijo Díaz. "Estoy seguro de que hubieran querido tener la misma información que tenía Banner, aunque no estuviera confirmada, si tanto los constructores como los instaladores hubieran rechazado los panales'.

El abogado miamense Ervin González, que también representa a un grupo de propietarios, dijo que Banner tenía la obligación de haber realizado más pruebas y de haber informado sobre las preocupaciones de los constructores.

"Uno espera que una compañía respetable proteja a sus clientes y a los clientes de sus clientes', dijo González, cuyos clientes Armin y Lisa Seifart también llevarán su caso a los tribunales el próximo mes. "Se quedaron callados. Eso no está bien'.

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