11 de mayo de 2010

Primera Hora

La procuradora del Paciente, Luz Teresa Amador Castro, denunció hoy la precaria situación presupuestaria de su oficina ante las cesantías realizadas por la Ley 7 de emergencia fiscal y opinó que el presupuesto recomendado se queda corto ante sus necesidades.

La funcionaria hizo la denuncia al comparecer a la vista pública de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado sobre el presupuesto recomendando para el nuevo año fiscal.

La reducción de 59% en el presupuesto de la Oficina de la Procuradora del Paciente (OPP) "pone en jaque a la agencia que ha sido devastada con la implantación de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal desde el 2009, afectando a miles de ciudadanos-pacientes", declaró Amador Castro.

La Procuradora dijo que ha realizado economías en los últimos cinco años, incluyendo la reducción gastos y los de personal que ordenó la Ley 7, ascendente a casi $2.2 millones.

"Nos esforzamos para hacer posible el derecho a la salud, sin embargo, el presupuesto recomendado y una reducción del 62% de la fuerza laboral en una agencia que no cuenta con empleados en exceso, se traduce prácticamente en la eliminación del único foro efectivo que tienen los pacientes para defender sus intereses", advirtió.

El presupuesto vigente de OPP asciende a $3.78 millones, de los cuales $1,917,000 provienen del Fondo de Estabilización Fiscal, con una proyección de gastos de $3,077,990.

Del vigente, $2,380,180 son para la nómina de 42 empleados (nueve de confianza y 33 regulares), pero el presupuesto recomendado es de $1,554,000 versus el solicitado de $2,973,000.

Apuntó economías con la disminución de contratos de servicios profesionales ($465,014), consolidación de oficinas regionales ($85,948), teléfonos ($22,936), celulares ($13,154), y en dieta y millaje ($93,583), además otras generadas por las órdenes ejecutivas emitidas a partir de enero 2009.

"Al 30 de junio de 2010, cerraremos operaciones con un gasto de $3,077,990 por la implantación del Plan de Cesantías del 9 de marzo de 2009. A esta fecha hemos tenido que prescindir de 23 empleados. Aún esperamos la decisión oficial de la Junta Reguladora de Reestructuración Fiscal (JREF) de 11 profesionales de la salud incluidos en la lista de cesanteados. Solicitamos luego la reconsideración de la Junta (JREF) al respecto", concluyó Amador Castro.