30 de abril de 2010

Primera Hora

Un grupo de corredores de bienes raíces acudió ayer al Capitolio para cabildear a favor de una serie de medidas que pretenden agilizar la venta de viviendas y proteger al consumidor al momento de realizar una transacción hipotecaria.

Con excepción de una resolución del senador novoprogresista Carmelo Ríos dirigida a investigar los cambios suscitados en la industria hipotecaria, los proyectos de ley fueron presentados por la Puerto Rico Association of Realtors (PRAR).

Algunas de las medidas ya han sido radicadas por algunos legisladores que han favorecido aprobar regulaciones en el mercado de ventas de vivienda.

"La venta de muchas de las unidades que valen más de $225,000 en Puerto Rico está estancada. Hay mucho desempleo y cesantías. La situación actual no ayuda. Aunque los bancos pueden preparar un plan de pago, muchos dejan de pagar, pero el Gobierno puede hacer la diferencia", sostuvo la presidenta de la Asociación, Jenny Olivo.

Uno de los proyectos solicita extender de manera permanente un programa de ayuda para la compra de vivienda que ofrece un cinco por ciento del precio de venta de la propiedad para los gastos de cierre siempre y cuando esta cantidad no exceda los $10,000. El subsidio, administrado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, se comenzó a otorgar en agosto del año pasado y vencerá a mediados de este año.

Los corredores piden que se utilice el dinero no reclamado en los bancos para financiar el programa de vivienda una vez se cumpla con todas las gestiones requeridas por la ley para intentar contactar a su dueño.

Otra de las resoluciones solicita una investigación sobre los fondos que se retienen en una compraventa ante la posibilidad de que la propiedad deba contribuciones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Los fondos son custodiados por aseguradores de título que retienen el dinero hasta que la agencia realiza la retasación de la vivienda, proceso que puede tardar varios años.