29 de abril de 2010

Primera Hora

El gobernador Luis Fortuño anunció en su mensaje de presupuesto que "ese abuso de las compañías aseguradoras de salud en contra de nuestros médicos y otros proveedores de salud sencillamente se acabo".

El secretario de Salud, Lorenzo González, indicó que "recientemente estuve sentado con Triple-S mediando en una propuesta de pago a proveedores, cardiólogos", que pidieron su intervención por quejas que luego pudieron dilucidar.

Las prácticas de estas compañías están siendo atacadas todos los días; en vistas públicas del Senado y en las quejas registradas por las oficinas de las procuradoras del Paciente y de Personas de Edad Avanzada. Ahora se pueden ver amenazadas por la incursión en el mercado de más empresas interesadas en el nuevo modelo de plan público de Fortuño, Mi Salud.

Estas empresas han proliferado y gozado de la multiplicación de sus ingresos por prima por más de $2 mil millones en 10 años, cuando algunas reportaron pérdidas o no se les requirió pagar contribuciones, según datos oficiales.

Las aseguradoras de Puerto Rico dominan el 91% del mercado (2008) y las extranjeras son sólo el 8.7%. Las domésticas de salud están exentas de pagar impuestos, bajo la sección 702 del Código de Seguros, mientras las extranjeras pagan 6%.

Datos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) señalan ingresos brutos por primas de las 17 empresas de salud con fines de lucro en el 2006 de $3,063,103. Diez años antes, en 1995, tras comenzar la Reforma de Salud, sus ingresos eran de $286,462 millones. Sumando las de salud y vida, sus ingresos por prima totalizaron en el 2006 $5,305,660,548.

"ésta es la única industria exenta de pago 100% de contribución de ingresos brutos de prima", se quejó el representante Jorge Colgerg, quien ha presentado varios proyectos sobre seguros.

La cifra más reciente de 2008 de la OCS señala que sus ingresos aumentaron en $3.1 mil millones, para un total de $8,486,191,000 por primas.

"De las 17 con fines de lucro, 11 reportaron pérdidas y sólo cinco pagaron, que es una fracción del uno por ciento. Es verdad que tienen sus estados financieros, pero quien los presenta y los audita son ellos mismos, porque la Oficina del Comisionado de Seguros no tiene el peritaje suficiente y Hacienda no entra porque es campo del Comisionado", argumentó Colberg.

Las cinco pagaron $30.2 millones en contribuciones.

Vivian López, vicepresidenta de Publicidad y Relaciones Públicas de Triple-S, dijo a Primera Hora que el gasto mayor de la aseguradora es pagar las reclamaciones de sus asegurados.

Al cerrar el año 2009, "de cada dólar que pagaron de prima, 90 centavos iban a reclamaciones de médicos o proveedores", señaló López.

Aseguró que en Triple S "pagamos contribuciones según las ganancias que hemos tenido", además de que sus informes financieros son públicos.

"Yo no estoy proponiendo que se derrumbe esta industria, sino que se regule", reconoció Colberg. "A pesar de los abusos del pasado y la imagen pésima, que se pongan en cintura" porque entiende que el Gobierno va a favorecer a una empresa norteamericana en la nueva reforma de salud.

El ente fiscalizador, el Comisionado, vino a adquirir garras a fines de 2008 cuando se aprobó la Ley de Negociación Colectiva de los Proveedores de Salud y el reglamento de la Junta Revisora de Tarifas, que hasta ahora está inoperante.

Colberg entiende que con una reducción de 2% en la exención se puede ayudar en los gastos médicos de sobre 114,000 pensionados del Gobierno y amas de casa envejecientes. Esa propuesta se engavetó en la pasada Legislatura y la volvió a radicar.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, tiene tres proyectos radicados sobre seguros de salud y uno con la delegación penepé sobre la Ley de la Administración de Seguros de Salud.

El pasado Senado pasó, pero con cambios, la autorización de la negociación colectiva de los médicos y laboratorios, que tuvo un fuerte cabildeo en contra de las compañías de seguros a través de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese) y su vicepresidenta Betsy Barbosa. Las aseguradoras fueron incluidas en la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos después de fracasar en evitar su aprobación.

Bajo la nueva Ley 203 del 2008, los médicos y laboratorios pueden negociar colectivamente sus tarifas con los planes médicos, pero la Junta Revisora no se ha activado porque, según el comisionado Ramón Cruz, "la ley es extremadamente compleja" y su oficina se ha dedicado a "compenetrar a los proveedores en su complejidad".

Dentro de la Junta hay un panel con el Departamento de Salud, el comisionado de Seguros, el procurador del Ciudadano y la Procuradora del Paciente, pero esta última, Luz Amador, dijo a Primera Hora que nunca fue citada "ni tan siquiera para trabajar en el reglamento", que se aprobó en la administración pasada.

El Comisionado se quejó de que "es tan difícil de implantar" y opinó que "hay que revisar la ley para hacerla más practicable, más sencilla".

El problema son "los distintos organismos que tiene, que se convierten en pequeños bolsillos de negociación. ¿Cómo se garantiza uniformidad (en las tarifas)?", cuestionó el Comisionado. Y son muchas aseguradoras.

Barbosa advirtió a nombre de Acodese que aumentarían las tarifas si se aprobaba la ley y propuso "un task force" de aseguradoras, proveedores y consumidores, que es casi lo que se hizo con la Junta.

El Colegio de Médicos Cirujanos, que entonces presidía Eduardo Ibarra, y el Colegio de Cirujanos Dentistas, bajo la presidencia de Arminda Rivera, defendieron la ley como una medida de justicia para el pueblo.

"Cualquier persona en Puerto Rico sabe que las primas aumentan todos los años sin que nadie explique por qué. Aumentaron en un 300 por ciento en los últimos 10 años y nadie sabe para qué, porque las alzas van atadas a poner más predeterminaciones y más restricciones y los coaseguros son ahora mayores", señaló Rivera en agosto de 2008.

La Junta Revisora es presidida por el comisionado de Seguros y tiene como asociados un representante de los proveedores y otro de organizaciones de servicios de salud o administradores de terceros, que no podrá tener ningún interés directo en los asuntos ante su consideración.

Cruz alegó que "no ha habido petición especial de revisión" de tarifas, por lo que no se ha convocado al Panel.