22 de abril de 2010

Primera Hora

Personal de impacto de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) detectó 42 irregularidades en los contadores de luz en varias urbanizaciones y parcelas de Arecibo, durante un operativo que se realizó el sábado pasado para identificar conexiones eléctricas ilegales y para detectar hurto de electricidad en varias comunidades de dicho municipio.

La información la dio a conocer el director ejecutivo de la corporación pública, Miguel Cordero, quien añadió que funcionarios visitaron 1,007 residencias, entre las urbanizaciones Tanamá, Valle Colina, San Rafael, San Felipe, Los Aires, Jardines de Junco, Camino del Valle, Mirasoles y en las parcelas Navas, de Arecibo.

En esta intervención participaron 42 empleados de la AEE y se encontraron irregularidades en los equipos que miden el consumo de electricidad, tanto en los imanes y resistencia de los contadores, así como en las bases directas.

"El propósito de estas intervenciones es atacar el hurto de energía, puesto que esta práctica ilegal nos causa pérdidas millonarias. Hasta la fecha hemos facturado $19 millones, como resultado de los operativos que realizamos a través de toda la Isla", dijo Cordero.

Agregó que "además de las intervenciones, contamos con el sistema de lectura remota que nos permite detectar cambios o variaciones en los patrones de consumo de electricidad. También tenemos la línea confidencial, 1-866-664-8783, y nuestra página de Internet aeepr.com para denunciar el hurto de energía".

Cordero advirtió que los casos de hurto de luz se procesarán administrativamente y se referirán al Departamento de Justicia.

"La Autoridad estableció un plan estratégico para determinar los casos de uso indebido de electricidad y crear un procedimiento nuevo dirigido a procesar conforme a la ley a los implicados en este delito. Además, se les reclamará el pago por el servicio y el pago por los gastos que conlleve el trámite legal y administrativo", sentenció.

El ingeniero recordó que la Ley 162 le permite a la AEE imponer penalidades administrativas de hasta $10,000 a todo el que altere un sistema eléctrico para que no se pueda medir el consumo real de electricidad o que viole cualquier reglamento promulgado por la corporación pública.