20 de abril de 2010
Ignacio Garcia
De acuerdo con una orden administrativa efectiva el 14 de abril los consumidores que interesen presentar una querella automotriz ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) vendrán obligados a incluir con su querella un estimado de lo que cuesta corregir el defecto denunciado. El estimado tendrá que ser preparado por un técnico automotriz autorizado.
El propósito de la orden administrativa es "agilizar el tramite adjudicativo de las querellas radicadas en el DACO limitando las inspecciones técnicas".
Empero, a juicio de Ignacio García, presidente de la organización sin fines de lucro www.limonauto.com , la nueva orden del DACO hará poco para agilizar los procedimientos adjudicativos y, además, afectará el bolsillo de los consumidores. "A pesar de que coincidimos cabalmente con la intención de agilizar los procedimientos, nos parece que la orden, según redactada, no sólo es totalmente contraria a los intereses económicos de los consumidores, sino tampoco se ajusta a la realidad práctica de estos casos", dijo García. Según García, dependiendo de la naturaleza de los defectos de un auto, un estimado preparado por un técnico automotriz autorizado puede costar entre $150 y $300. Igualmente, del técnico tener que comparecer a una vista administrativa, el consumidor incurriría en un gasto adicional de al menos $500. Por otro lado, García explicó que los términos de las garantías de fábrica prohíben que técnicos independientes intervengan con una unidad que se encuentre bajo la cubierta de la garantía. La intervención de un técnico no autorizado tendría el efecto de anular la garantía del fabricante. Por ende, los consumidores se verán imposibilitados de obtener un estimado de un técnico automotriz según lo requiere la orden administrativa del DACO. García destacó que la orden administrativa evidencia la necesidad de que el Senado apruebe la "Ley Limón" que se encuentra bajo su consideración desde el mes de diciembre. Según García, la medida establece un proceso uniforme para el manejo de querellas de autos que incorpora el uso de métodos alternos de adjudicación para garantizar un trámite ágil y sencillo. Además, pone a la disposición del DACO fondos recurrentes para cubrir los gastos asociados con las inspecciones técnicas de autos. "Durante la última vista pública la senadora Lornna Soto se comprometió con bajar la medida a votación a no más tardar del 28 de febrero. Sin embargo, al día de hoy no ha cumplido con su palabra empeñada. Mientras tanto, los consumidores son los que se ven afectados por esta nueva orden administrativa que seria totalmente innecesaria del DACO contar con la ley limón", puntualizó García. La "ley limón" comenzó su proceso legislativo el cuatrienio pasado, cuando fue aprobada por Cámara y Senado, pero vetada por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá. La medida establece que se debe otorgar un carro nuevo o se debe reembolsar el dinero a un consumidor que haya tenido que llevar su auto nuevo a arreglar en cuatro o más ocasiones por el mismo problema. Puerto Rico es la única jurisdicción estadounidense que no tiene una ley a esos fines.