20 de abril de 2010

La Opinion

MéXICO, D.F.— La extorsión por unos 5,000 dólares de la que era víctima Ofelia González en un perdido pueblo de Guerrero y el asalto que vivió Azalea Méndez en el periférico del Distrito Federal tenían como común denominador un teléfono celular arrebatado a punta de pistola.

Una práctica que hasta hoy puede llevarse a cabo porque las empresas telefónicas no están obligadas a bloquear los teléfonos robados, sin embargo, a partir de mayo las dos compañías líderes en servicios móviles pretenden poner fin.

América Móvil, de Carlos Sim, que controla el 75% del mercado, y la empresa española Telefónica impedirán el uso de aparatos hurtados al inhabilitar el Identificador Internacional de Teléfonos Celulares (IMEI) que bloquea el equipo aún cuando se le coloque un nuevo chip.

Hasta ahora los teléfonos celulares robados son utilizados por las mafias dedicadas a las extorsiones –alrededor de 50,000 al año- encabezadas principalmente por sicarios de los grandes cárteles de la droga que diversificaron sus actividades: "Los Zetas", "Los Pelones", "Los Plebes", entre otros, según el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

A Ofelia González la han llamado cuatro veces: en la primera, los extorsionadores se hicieron pasar por un hipotético sobrino que vivía en Estados Unidos.

La llamaron y dijeron: ¿Tía? Y ella contestó: ¿eres tú, Omar? él dijo que sí, que iba a viajar para México y que quería visitarla. Dos días después la volvió telefonear para pedirle dinero para pagar los gastos médicos a una niña que había atropellado.

González no mordió el anzuelo, pero siguió en la mira: el teléfono sonó otra vez y uno de sus supuestos hijos gritaba pidiendo que pagara para que ya no lo torturaran. Tampoco creyó nada. Pero al último timbrazo sí pago: le dieron detalles de la vida de sus nietos y horarios de entrada y salida de su casa.

Las investigaciones posteriores señalaron que las extorsiones a la señora Ofelia, de 80 años, provenían del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, pero el propietario era una estudiante de medicina a quien habían asaltado.

En un afán por ordenar el uso de la telefonía móvil, el Congreso del país facultó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para crear un registro nacional obligatorio de celulares.

El plazo finalizó desde el pasado 10 de abril, pero hasta el momento sólo se han inscrito 62 millones de líneas, de los casi 84 millones y las compañías se niegan a suspender el servicio a los usuarios no registrados.