4 de abril de 2010

El Nuevo Dia

Gran parte de la regulación a la industria de la gasolina en Puerto Rico ha surgido como una medida para proteger a los eslabones más débiles en la cadena de suministro, aseveró el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG).

"Hazte la pregunta: ¿por qué esta industria está tan regulada? Porque los mayoristas no han sabido ser condescendientes con los detallistas ni con el pueblo", comenta el líder de los detallistas, Héctor Gierbolini.

De esa manera el presidente de la ADG rechazó las expresiones que hiciera el gerente general de Total Petroleum en la Isla, Rodrigo de Sebastián, de que el cierre de tantas gasolineras en el País obedecía al exceso de reglamentación, en particular a la Ley de Zona única y a la Ley de Desvinculación.

"La Asociación de Detallistas está a favor de la Ley de Zona única y no creo que esa ley sea la causante de los cierres de estaciones", manifestó.

Gierbolini indicó que fue precisamente la ADG la que recurrió al Gobierno el cuatrienio pasado para que declarara a Puerto Rico como una Zona única. Esta movida tenía el efecto de prohibirle a los mayoristas que establecieran diversas estructuras de precio para con los detallistas de una misma marca.

Bajo la Ley 74 del 25 de agosto de 2005, conocida como la Ley de Zona única, cada mayorista o distribuidor tiene que vender la gasolina a todos sus detallistas al mismo precio. Así se evita la desigualdad entre las gasolineras de una misma marca.

"Hemos tenido que recurrir al auxilio del Gobierno para que proteja a los consumidores y a nosotros los detallistas", manifestó el presidente de la ADG.

Y entonces, ¿a qué atribuye el cierre de decenas de gasolineras en los últimos años, y que muchas estén en quiebra? "Quien regula a las estaciones de gasolina es el mercado, el propio consumidor. En la medida que el detallista no tenga precios competitivos, el consumidor no lo va a patrocinar", respondió.

Abundó el entrevistado que la "feroz competencia", así como los contratos con los mayoristas, los que tildó de "contratos leoninos", a veces obligan al detallista a bajar tanto los costos que el negocio termina generando pérdidas.

Gierbolini defendió también la Ley de Desvinculación, que fue aprobada en 1994, y que prohíbe que los mayoristas operen estaciones de gasolina.

"La Ley de Desvinculación ayudó a que la operación directa de las compañías mayoristas no se desplazara al mercado detallista". Sin embargo, señaló que en años recientes se ha creado un esquema para burlar dicho estatuto.

Según el entrevistado, los mayoristas están avalando el surgimiento de consorcios o corporaciones que están comprando gasolineras cerradas. Hasta ahora se han formado cuatro de estos consorcios, sólo uno de ellos está integrado por empresarios puertorriqueños, mientras los tres restantes lo conforman empresarios de distintos grupos étnicos, dijo.

El cuatrienio pasado, el Comité de Energía de Puerto Rico, intentó sin éxito que se derogaran ambas leyes. La ADG está dispuesta a defenderlas nuevamente ante la Legislatura, según el líder de los detallistas.

En la Isla se estima que existen unas 150 estaciones cerradas en estos momentos, y 1,200 en operaciones. Hace apenas cinco años, el número de gasolineras abiertas sobrepasaba las 1,400.

De las 1,200 estaciones abiertas, el sector de las independientes domina el mercado con casi el 40%. A mediados de la década del 90, ese porcentaje era de apenas 20% a 25%. "El mercado de las independientes sigue creciendo vertiginosamente", indicó el presidente de la ADG, mientras teme que los detallistas de marca "estén abocados a la extinción".