30 de marzo de 2010

Primera Hora

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 demandó a la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) por cobro de sobre $3.5 millones retenidos a los abonados que no le fueron remitidos, según leyes y reglamentos.

Todos los abonados telefónicos están obligados a pagar entre 50 centavos y un dólar para costear la operación del sistema de llamadas de emergencia, pero de acuerdo con la demanda radicada el 26 de marzo en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, la PRTC le debe $3,556,100.43, mayormente por cinco tipos de diferencias en los cálculos.

Jacinto Desiderio Ortiz, director ejecutivo del Sistema 9-1-1, dijo que una auditoría interna de los años 2000 a 2005 encontró que "las remesas que ellos nos someten versus las líneas no corresponden". Después de múltiples gestiones y reuniones infructuosas con miembros de la compañía, incluyendo a Francisco Silva Salcedo, asesor jurídico de PRTC, optaron por radicar la demanda civil de cobro de dinero.

Desiderio Ortiz fue parco en adjudicar intenciones, ya fuera por incompetencia o contabilidad creativa para favorecer a las arcas de estas compañías, dejando el asunto en manos del tribunal. Sin embargo, actualmente están auditando otras seis, del total de 15 compañías telefónicas. Las seis también tienen discrepancias en sus remesas que podrían ascender a $5.5 millones.

"Se les va a pedir evidencia y hablar con estas compañías", aseguró el Director Ejecutivo al declinar identificar cuáles deben. Las seis compañías en auditoría son ATT, Open Mobile, Claro, T-Mobile, Centennial y Optivon.

"En una ya hemos detectado $1.8 millones de diferencia; en otra, 3.5 millones y en otra, van por los $200 mil", señaló Desiderio Ortiz.

"Hay de todo", respondió a la pregunta de si esto es un patrón en estas compañías. "Puede ser su forma de facturar", agregó, aunque pidieron una opinión al Secretario de Justicia sobre si hubo un "acto negligente" y referirán sus auditorías a la Oficina del Contralor.

El funcionario dio a entender que en la anterior administración no se fiscalizaron estas cuentas de forma adecuada. La responsabilidad puede ser compartida, entre las compañías y el Gobierno, según alegó PRTC en su respuesta escrita del 16 de abril de 2008 a la auditoría, entre otras cosas.

PRTC, que opera la marca Claro, negó incumplimiento; insistió en sus diferencias de interpretación, alegó desconocimiento de cambios en reglamentos y formularios, pero aceptó tardanza en algunas remesas y responsabilizó al Sistema por cobrar tarde. También le reclamó el reembolso de $3,422 por costo de facturación no reembolsado.

Desiderio Ortiz opinó que desde que están "bien agresivos auditando, las remesas han ido aumentando. Los ingresos han ido aumentando mensualmente".

El año pasado, el 9-1-1 llegó a un acuerdo con Centennial, que tuvo que pagar $900 mil adeudado.

"Yo tengo que asegurar al pueblo de Puerto Rico que si cada persona paga, ese dinero tiene que llegar a la agencia... Se puede negociar los intereses y las penalidades, pero el principal no creo que se pueda negociar. Estamos haciendo esto de buena fe", aseguró.

De $21 millones que recibe el 9-1-1 del cargo telefónico, el 45.5% va a las agencias de primera respuesta, como la Policía y Emergencias Médicas.