15 de marzo de 2010

El Nuevo Dia

A eso de las 8:30 a.m., el lente de El Nuevo Día captó cuando la que fuera presidenta de la casa hipotecaria llegaba hasta el Tribunal de distrito federal. Informantes también indicaron que entre las personas arrestadas se encuentra Manuel Vargas, quien era la mano derecha de la convicta presidenta de la entidad bancaria.

El portavoz del Negociado federal de Investigaciones (FBI), Harry Rodríguez, no confirmó ni negó la información. Sólo detalló que Agente del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas interna Federal (IRS, por sus siglas en inglés), la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y FBI trabajaron en la investigación de este caso y diligenciaron los arrestos emitidos por un gran jurado federal.

Detalló que las seis órdenes se diligenciaron en San Juan, Vega Alta, Trujillo Alto y Caguas.

Rodríguez dijo que a las 9:30 a.m. la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, realizará una conferencia de prensa para dar más detalles.

En la conferencia de prensa se dará a conocer cuántos cargos se le imputarán a Hernández, quien el 28 de septiembre de 2009 fue sentenciada a seis años de prisión. Ella se declaró culpable el 17 de junio de ese año por una infracción a la Ley de Instituciones Hipotecarias, tras llegar a un acuerdo con el ministerio público.

La ex presidenta de New York Mortgage Bankers fue acusada por retener de forma ilegal el dinero de sus clientes correspondiente al balance de cancelación de hipotecas que debían remitir al acreedor hipotecario previo y cuyas hipotecas gravaban las propiedades que se refinanciaban con la empresa hipotecaria.

De acuerdo con la acusación, también retenía ilegalmente el dinero de los clientes para el pago de sellos de rentas internas y comprobantes de pago para la cancelación de los pagarés hipotecarios que gravaban las propiedades refinanciadas.

Según el ministerio público, la apropiación ilegal ascendió a $1.5 millones por concepto de hipotecas y $250,000 por concepto de comprobantes de pago.

En el proceso de acuerdo, Hernández logró salvar que a su hija, Noemí Pérez, de que se le radicaran cargos criminales en el foro estatal para aceptar toda la culpa del fraude bancario.

Trascendió que en el periodo del colapso de la casa hipotecaria, Pérez se mudó a Argentina y residía en el exclusivo sector de Palermo Chico.