11 de marzo de 2010
Suplidores y empleados de mediano rango son el eje de la pesquisa que efectúa el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General sobre un esquema millonario de fraude en el Departamento de Educación. Esta investigación movió a las agencias federales a realizar un allanamiento el pasado 2 de marzo en oficinas del Departamento de Educación. Un Gran Jurado federal evalúa prueba en relación a este caso. De acuerdo fuentes de EL VOCERO, unas seis compañías privadas, entre éstas School Solutions -dedicada a la instalación y consultoría de programas de computadoras- están bajo la mirilla de las autoridades federales. Las gestiones para obtener una reacción de los propietarios de esta empresa resultaron infructuosas. Se alega que los empleados de Educación "ponen unos kioscos para beneficiarse en su carácter personal junto a suplidores". Durante el allanamiento las autoridades federales ocuparon computadoras, documentos y discos compactos en las oficinas de compras, finanzas y de fondos federales del Departamento de Educación. Los 65 agentes que participaron en el operativo allanaron las oficinas centrales de la agencia, el almacén, ubicado en las antiguas instalaciones, negocios y residencias en San Juan, Bayamón y en Homestead, Florida. El director del FBI, Luis Fraticelli indicó que la pesquisa surgió hace más de un año, tras un informe de auditoría de la Oficina del Contralor. La investigación está a cargo de la fiscal federal Jennifer Hernández. El más reciente caso criminal procesado por las autoridades federales contra empleados de Educación fue en abril del 2008, cuando un Gran Jurado acusó al ex director del Programa de Servicios Integrados a la Comunidad del Departamento de Educación, Edwin Jiménez Irizarry, quien junto a dos empleadas de la dependencia y otras cinco personas participaron en un esquema de fraude que alcanzó pérdidas en $455,000 entre el 2002 al 2006. Los acusados, quienes se declararon culpables por este caso, utilizaron el Programa para contratar familiares, amigos, contratistas anteriores o utilizaban nombres falsos. Estos contratistas no ofrecían los servicios por los que se les estaba pagando. Las empleadas de Educación preparaban contratos, facturas, talonarios para fraudulentamente obtener pagos por servicios que no rindieron. Jiménez Irizarry fue sentenciado a tres años de prisión y a una restitución de $400,000. El resto de los acusados fueron sentenciados a probatoria. Misma historia, otros actores El más reciente caso criminal procesado por las autoridades federales contra empleados de Educación fue en abril del 2008, cuando un Gran Jurado acusó al ex director del Programa de Servicios Integrados a la Comunidad del Departamento de Educación, Edwin Jiménez Irizarry, quien junto a dos empleadas de la dependencia y otras cinco personas participaron en un esquema de fraude que alcanzó pérdidas en $455,000 entre el 2002 al 2006.
