28 de febrero de 2010

El Nuevo Dia

Barack Obama todavía no ha logrado proveer un seguro médico a millones de médico-indigentes en Estados Unidos, pero ya se aseguró otra página en la historia en lo que atañe a reformas, al transformar otro aspecto del complejo mundo financiero: las tarjetas de crédito.

El conocer a fondo cómo esta nueva reforma cambia las reglas del juego es vital para el consumidor boricua, considerando que los puertorriqueños adeudan alrededor de $4,000 millones en tarjetas de crédito, según estimados de la industria.

De acuerdo con Ileana Fernández, asesora legal de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, la puesta en vigor de la Credit Card Act (CARD), representa la modificación más abarcadora al negocio de cuentas rotativas desde 1968, cuando se aprobó el Truth in Lending Act.

¿En qué consiste la reforma? Fernández explica que se trata de un estatuto muy complejo, que va más allá de imponer restricciones en lo que tiene que ver con tasas de interés o cargos por demora.

Por ejemplo, el estatuto federal exige a las universidades o entidades similares divulgar si poseen acuerdos o contratos con emisores de tarjetas de crédito para que éstos promuevan sus productos y hasta prohíbe regalar artículos promocionales en instalaciones educativas o a 1,000 pies de éstas, para inducir a los estudiantes a adquirir tarjetas de crédito.

CARD, que se hizo efectiva el pasado lunes, había entrado en vigor parcialmente en agosto de 2009, con ciertas modificaciones, Fernández agrega. Entre éstos: la extensión de la vida de las tarjetas de regalo que se compran en tiendas por departamentos, a por lo menos cinco años.

El año pasado también entró en vigor el nuevo período de notificación previa en caso de cambios en la tasa porcentual anual (APR). Antes, las empresas debían notificar en un período de 15 días. Ahora, ese período aumentó a 45 días.

Otro cambio importante implementado en agosto pasado consiste en proveer al consumidor un mecanismo claro y sencillo para que éste cancele su cuenta si no está de acuerdo con los nuevos términos impositivos. Esa cancelación, no puede interpretarse como incumplimiento, no requerirá la cancelación inmediata y absoluta del balance pendiente ni puede estar sujeta a cambios en las tasas de interés.

La ley fue pensada para proteger al consumidor en primera instancia, indica por su parte Martha Ortiz Villahermosa, a cargo de tarjetas de crédito en Banco Popular, el mayor emisor de tarjetas en la Isla.

"Estos son los cambios más radicales", prosigue la ejecutiva, quien posee más de 20 años de experiencia en este segmento de la intermediación financiera.

Más estricto Puerto Rico

Sin embargo, Ortiz Villahermosa destaca que muchas de las restricciones de CARD eran cosa obligada en Puerto Rico, debido a la existencia de una ley local "mucho más estricta".

En ese sentido, CARD sirve para "nivelar" la cancha, destaca por su parte Fernández, en relación a las empresas que operan fuera de Puerto Rico, pero que emiten tarjetas en la Isla.

"Los emisores de Puerto Rico no pueden hacer cargos cuando el cliente excede el tope de la línea de crédito. Ahora con la ley de Obama, el consumidor tiene que autorizar el aumento", menciona la ejecutiva del Popular.

Asimismo, indica que la ley local ya exigía que el pago mínimo se aplicara a siempre a los balances con las tasas de interés más altas, cosa que ahora también se plasma en CARD.

La deuda de los boricuas

Si bien los emisores locales operaban con términos más restrictivos en sus productos, el reto para miles de consumidores puertorriqueños es que al presente, poseen en sus carteras y billeteras tarjetas de crédito de emisores estadounidenses, incluyendo tiendas por departamentos como Sears, JC Penney, Costco, The Home Depot (que se identifican como emisores privados), entre muchos otros, donde antes no existían estas cortapisas.

Nadie en Puerto Rico sabe a ciencia cierta cuántas tarjetas de este tipo hay en la Isla ni a cuánto asciende la deuda total de los consumidores por este concepto.

Hasta el año pasado, los consumidores debían en tarjetas de crédito emitidas por bancos comerciales, cooperativas y compañías de financiamiento no depositarias que operan en Puerto Rico la suma de $1,829 millones. La cifra es 24% más alta que aquélla del 2005.

No obstante, dado que el Comisionado de Instituciones Financieras no supervisa las tarjetas de establecimientos multinacionales ni bancos estadounidenses como Bank of America, el monto compilado por el regulador local no representa la totalidad de la deuda de los consumidores puertorriqueños por este concepto.

De seguro, los entrevistados coinciden en que el número de tarjetas de emisores privados y bancos estadounidenses más que duplica el número de tarjetas locales.

El número es difícil de calcular porque entidades como Visa, MasterCard y American Express no divulgan el número de tarjetas que exhiben sus marcas por país, sino a nivel regional.

En síntesis, se cree que la deuda total de los boricuas por este concepto podría rondar entre $3,700 millones y $4,000 millones.

Entre esos miles, sin duda están los afiliados a FIA Card Services, una subsidiaria de Bank of America y que posee un contrato de venta a través de FirstBank.

Según José Luis Baralt, vicepresidente de Banca Individual y de Negocios en FirstBank, el estatuto federal sin duda, representa un paso de avance para el consumidor.

Propuesta que cambia las reglas

"En el estado nuevo hay una advertencia de pago mínimo, que básicamente indica cuánto costará y cuánto tardará el consumidor en pagar el balance de la tarjeta", explica Baralt mientras señala que la nueva información "será chocante" para muchos consumidores.

"En el nuevo estado (de cuenta) se presentará la realidad y una alternativa de pago adicional y eso va dirigido a que el consumidor pueda tomar decisiones inteligentes", agrega Baralt.

"Para que un negocio sea bueno tiene que ser bueno para ambas partes", destaca Baralt al reconocer que a la larga, CARD resultará en criterios de cualificación más estrictos.

José Lafarga, a cargo de Consumo y Medios de Pagos en Banco Santander coincide mientras agrega que el estatuto ha cambiado para siempre la relación banco-cliente, pues transforma al último en un consumidor más sofisticado.

"Tener clientes más sofisticados lleva a los emisores a reinventarse. Empieza a ser un tema de cómo haces negocio con gente más informada", subraya.

A futuro, Lafarga reconoce que podría darse "un proceso de decantación", o sea que miles de consumidores cancelarán sus cuentas, cuando se percaten de la dinámica que envuelven las cuentas rotativas.

Pero en segunda instancia, las restricciones a los procedimientos de cambio en los tipos de interés aplicables, trae a la mesa un escenario de consolidación en este segmento a medida que el principal incentivo de los emisores desaparece.

Lafarga indica que de ahora en adelante, la competencia en tarjetas de crédito no estará basada en precio sino en quien ofrezca "una propuesta de valor", integrando productos y servicios como parte de una oferta plena de herramientas financieras.

Por lo pronto, todos los entrevistados aseguran que no prevén cambios en las tasas de interés o cuotas anuales de sus productos y tampoco nuevos cargos o penalidades, al menos, en el futuro cercano.