25 de febrero de 2010

El Vocero

Ante la alta incidencia de los casos de supuestos secuestros de familiares como parte de un esquema de fraude telefónico, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Carlos Molina, confirmó la existencia de una pesquisa que anticipan terminará próximamente con la radicación de cargos criminales a confinados y personas en la libre comunidad.

La investigación que se desarrolla en diversos puntos de la Isla se trabaja en conjunto entre Corrección, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia. "Está en una etapa avanzada y pronto va a dar frutos", afirmó Molina en entrevista con EL VOCERO. Indicó que se trata de un esfuerzo estatal, aunque las autoridades federales podrían tener jurisdicción.

Como parte de la investigación, se confirmó que el fraude le ha dejado a la organización criminal ganancias entre dos a tres millones de dólares al año. Apuntó que se trata de un esquema muy organizado y estructurado que lleva de dos a tres años operando desde distintos puntos de la Isla, en colaboración con algunos confinados.

Trascendió que los confinados involucrados utilizan celulares que le son llevados por sus familiares a las diferentes instituciones penales para efectuar este esquema fraudulento.

El titular de Corrección indicó que personas de la libre comunidad tienen a su cargo el recogido del dinero.

Molina añadió que la organización tiene células a través de toda la Isla, pero la mayor concentración es en el municipio de Bayamón. Destacó que cientos de personas han sido víctimas de este esquema de fraude. Algunas, incluso pagan el dinero y no reportan lo sucedido.

Explicó que el 'modus operandi' ha cambiado. "Antes te indicaban que habías ganado un premio y la persona iba, sacaba un 'money order' como parte del esquema, pero ahora han modificado su operación al indicar en sus llamadas el secuestro de algún familiar", detalló el titular de Corrección.

Molina dijo estar esperanzado en que la posesión y uso de celulares en las cárceles se tipifique como delito grave mediante un proceso legislativo.