17 de febrero de 2010

La Opinion

Las secuelas de la crisis inmobiliaria perdurarán por largo tiempo, pero a van ensañarse especialmente con los niños y las familias hispanas, se desprende de una investigación de familias que perdieron su casa.

Elaborado a partir de testimonios recogidos en varias partes del país, el estudio permite ver las amargas consecuencias emocionales provocadas por los embargos y la caída del nivel de vida.

Estas pérdidas, según el estudio, elaborado conjuntamente por el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y la Universidad de North Carolina/Chappel Hill’s Center for Community Capital, van desde desajustes en las relaciones de pareja hasta efectos en la salud mental del grupo familiar.

Diez de 14 familias entrevistadas manifestaron que la pérdida de sus casas había perjudicado el deterioro de las relaciones de pareja, hasta el punto de plantearse la posibilidad de divorcio o separación.

De hecho, dos matrimonios se habían disuelto permanentemente en el momento en que los entrevistadores los contactaron.

Por extensión, las relaciones entre padre e hijos también sufrieron. Varios consultados cuyas casas fueron ejecutadas por el banco expresaron que sus hijos les recriminaban su mala inversión y, en general, las disputas entre padres e hijos se incrementaron en los hogares afectados por la crisis inmobiliaria.

Muchos chicos expresaron frustración por la caída del nivel de vida que experimentaron al perder su casa y el tener que acomodarse en espacios más reducidos o menos deseables.

El reporte, denominado La generación del embargo: impacto a largo plazo de la crisis inmobiliaria en los niños y las familias, estima que el promedio de las pérdidas financieras experimentadas por una familia hispana a raíz de su malograda inversión asciende a 89,155 dólares.

Quienes pasaron por esta experiencia han tenido que cambiar sus planes de ayudar a sus hijos con gastos como el pago de universidad, la compra de un vehículo o una casa.

Las entrevistas tuvieron lugar entre julio y agosto de 2009 en cinco regiones del país: el sureste de Texas, el sureste de Michigan, la costa oeste de Florida, el noroeste de Georgia y el Valle Central de California.

Aunque ninguna de las familias abordadas llegó hasta el punto de tener que vivir a la intemperie, se recogieron casos en que este extremo estuvo a punto de darse.

Los que se encontraron en esta situación tuvieron que acudir a sus familiares y círculos para obtener desde cobijo hasta ayuda con dinero, transporte y cuidados infantiles.

En el plano escolar, el rendimiento también decayó. Los miembros de 13 familias dieron a conocer que después de la pérdida de su vivienda, los chicos tuvieron problemas con sus notas o con su comportamiento. Diez de ellas revelaron que sus hijos tuvieron que cambiar de escuela para ajustarse a su nueva situación de vivienda. Los padres también notaron que sus hijos parecían más distraídos y que tenían más dificultades para hacer amistades.

Janet Murguía, presidenta del NCLR, estima que 1.3 millones de familias hispanas perderán sus casas entre 2009 y 2012 por la ola de embargos.

Desde que se declaró la recesión en diciembre de 2007 más de un millón de hispanos se han quedado sin trabajo, siendo éste el grupo que más ha sido afectado por la contracción económica y la alta tasa de desempleo.

La investigación descubrió que a pesar de sus esfuerzos para evitar el embargo de sus casas, ninguna de las familias entrevistadas obtuvo facilidades de parte del banco para modificar o reducir la carga de su hipoteca.

Murguía dijo que para ayudar a los estadounideneses a recuperarse del desastre inmobiliario se requiere echar a andar un plan que incluya remedios para evitar más embargos, abrir oportunidades para que más familias adquieran vivienda y mejores protecciones y regulaciones para prevenir futuras crisis.