17 de febrero de 2010

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Chicago, 16 feb (EFE).- Una organización de Illinois emplazó hoy a Western Union a devolver a sus clientes 17 millones de dólares confiscados "ilegalmente" por el estado de Arizona, con la amenaza de un posible boicot nacional contra la empresa de envío de dinero.

El plazo máximo para negociar la devolución será el 21 de marzo próximo, día de la Marcha por América en Washington D.C., que se espera congregue a decenas de miles de personas en el Día de la Inmigración y en reclamo de una reforma migratoria, dijo a Efe el director ejecutivo de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), Joshua Hoyt.

Según Hoyt, el boicot "puede ser una de las consecuencias" de la falta de respuesta de Wester Union al reclamo para que devuelva el "dinero confiscado ilegalmente a inmigrantes".

El emplazamiento fue la reacción de la coalición al anuncio la semana pasada del fiscal general de Arizona, Terry Goddard, de un acuerdo por 94 millones de dólares para resolver "todos los problemas relevantes" entre Western Union y dicho estado.

Según un acuerdo extrajudicial, Western Union pagará 21 millones de dólares al estado de Arizona y contribuirá con otros 50 millones en subvenciones para agencias policiales de los estados fronterizos con México (Arizona, California, Nuevo México y Texas) para combatir el lavado de dinero y el tráfico de personas.

Asimismo, la empresa se compromete a invertir 19 millones de dólares en los próximos años para fortalecer sus controles sobre lavado de dinero en las transferencias que hacen los inmigrantes, y 4 millones para apoyar un programa independiente de control.

"Este acuerdo es un ejemplo de cómo el sector privado y las agencias policiales pueden resolver sus diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común", dijo Goddard en un comunicado.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Western Union David Schlappbach agregó que "la ayuda para combatir actividades ilegales sirve al interés público en ambos lados de la frontera y protege a quienes utilizan nuestros servicios".

En un comunicado, la ICIRR denunció hoy el acuerdo y su director ejecutivo Hoyt declaró que Western Union "mostró sus verdaderas intenciones al comprar la paz con el fiscal general de Arizona, dejando a sus clientes inmigrantes a la deriva".

Dijo que Western Unión ha decidido pagar "para que no la sigan investigando, pero no ha tomado ninguna acción para devolver los 17 millones de dólares tomados de sus clientes ilegalmente por el estado de Arizona".

En su comunicado la coalición hace un "llamado a la acción" al considerar que el acuerdo "ha traicionado la confianza de los clientes de Western Union".

"Algunos en la comunidad inmigrante están haciendo un llamado para boicotear a la empresa para proteger a la comunidad de futuras confiscaciones ilegales de dinero y conseguir que devuelva el dinero", dijo Hoyt.

Western Union no respondió a una consulta de Efe sobre la posibilidad de boicot.

ICIRR recuerda en su comunicado que los antecedentes del problema se remontan a los años 2002-2006 cuando Western Union habría cooperado secretamente con el fiscal Goddard para confiscar miles de pequeñas transferencias electrónicas desde Arizona al estado mexicano de Sonora por un total de 17 millones de dólares.

Estas confiscaciones ilegales estuvieron basadas en la presunción de que las transferencias habrían sido utilizadas para el tráfico de personas, y eventualmente todos los envíos de más de 500 dólares desde 29 estados fueron confiscados.

Según la coalición, los clientes que enviaron sus transferencias por Western Union nunca fueron advertidos de que el dinero podría ser confiscado o que estaba retenido, y aquellos que intentaron investigarlo fueron sujetos a interrogatorio policial.

En el 2006, ICIRR presentó una demanda federal colectiva de parte de clientes de Western Union donde se pidió que las confiscaciones fueran declaradas una violación a sus derechos constitucionales, lo que fue aceptado por el Supremo de Arizona en junio de 2009.

Las confiscaciones ilegales se detuvieron y tanto la empresa como el estado de Arizona acordaron en que la mayoría de las transferencias cuestionadas eran legítimas, pero a pesar de los reclamos de los abogados de ICIRR, "ninguna provisión se hizo para regresar el dinero a los inmigrantes", agrega el comunicado.