10 de febrero de 2010

El Vocero

Mientras por un lado se habla de reforma contributiva y otras estrategias para aliviar el bolsillo de los contribuyentes, a los pequeños y medianos comerciantes les exigen más documentos sobre sus estados financieros, que encarecen entre $2,000 a $5,000 cumplir con la nueva obligación. El requerimiento es parte de una enmienda aprobada recientemente a la Ley 147.

El presidente del CUD, Pedro Malavé, explicó que en un abierto retroceso se aprobó la enmienda que ahora obliga a todo comercio, con o sin fines de lucro, a presentar ante el Departamento de Estado, sus estados financieros compilados independientemente el total de sus ventas.

El estatuto anterior exigía a los comerciantes con menos de $3 millones en ventas radicar sus estados financieros acompañados por una declaración jurada, no un estado financiero auditado ni compilado como es ahora.

"Este requerimiento en nada abona ni al Departamento de Estado, ni a los comercios, al contrario atenta contra los miles de contables que no son contadores públicos autorizados, cuya labor estriba en hacer esos estados financieros a los miles de pequeños y medianos comerciantes así como las empresas sin fines de lucro, que en la mayoría de los casos no poseen ni ganancias y tienen que sacar de dinero personal para poder cumplir con el gobierno", afirmó Malavé.

Agregó, que la medida duplica el costo de la contabilidad de los negocios, ya que tienen que pagarle al contable para que efectúe el estado financiero, luego pasar por un CPA para que lo compile y luego por un abogado para la declaración jurada, costos que entiende repercutirán en el cierre de muchos establecimientos que operan en rojo.

El defensor de las PYMES mencionó que la medida provocará que cada día menos empresas se incorporen y proliferen los negocios clandestinos y la economía subterránea. "Cada día se hace más difícil operar en este país. Los costos siguen en ascenso y las ganancias en descenso. De continuar esta tendencia serán muchos los comercios que no puedan con la carga y se vean obligados a cerrar las puertas."

Malavé instó a los legisladores a evaluar esta enmienda y retroceder en la misma, porque alega que no abona al crecimiento comercial del país ni al desarrollo económico.