8 de enero de 2010

La Opinion

Al igual que muchos inmigrantes, las experiencias de Ruth Reyes usando tarjetas telefónicas prepagadas para llamar a su país de origen, rebosan de percances y frustraciones.

Frecuentemente sus llamadas a El Salvador se cortan apenas iniciada la conversación, y usualmente tiene que llamar varias veces hasta lograr una conexión sostenida. En ocasiones puede escuchar a su madre y sus hermanos, pero ellos no a ella. De intento en intento, los minutos que anuncia la tarjeta se agotan.

"Cuando llamo al servicio al cliente para reclamar, ya no me dan ni siquiera el crédito. Si se perdió, se perdió", afirmó durante una entrevista.

La Liga Nacional de Consumidores (NLC), un grupo sin fines de lucro con sede en Washington D.C. considera que el negocio de las tarjetas telefónicas prepagadas está plagado de abusos y prácticas engañosas, y su directora general, Sally Greenberg, recientemente compareció ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes en apoyo a una ley federal que regule a esos negocios.

"Si una tarjeta telefónica promete 500 minutos para llamar a El Salvador, debe entregar esos 500 minutos", afirmó.

Según sus estimaciones, la tarjeta promedio sólo da el 60% de los minutos prometidos gracias a un arsenal de tretas que rebanan el tiempo anunciado en el producto. Las víctimas de ese engaño, agregó son mayoritariamente inmigrantes o los familiares de personal de las fuerzas armadas asignados en otros países.

"Un alto porcentaje de esas compañías imponen recargos que considero injustos e injustificados", dijo Greenberg.

La NLC calcula que tan sólo los consumidores hispanos en conjunto pueden estar perdiendo hasta un millón de dólares diarios por esas prácticas fraudulentas.

Quienes se dedican a ese negocio, que van desde grandes corporaciones como AT&T y Teléfonos de México (TELMEX), hasta compañías minúsculas, conforman un sector con mucho auge, hasta el punto que se calcula que sus operaciones rondarán los dos millones de dólares en 2012.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) reconoce que la existencia de prácticas falaces en ese negocio está bastante generalizado, y en 2008 logró que se impusieran severas multas contra dos grandes distribuidores que se especializaban en la venta de tarjeta prepagadas a inmigrantes recientes.

Al igual que la NLC, la FTC también apoya el anteproyecto de ley H.R. 3993, que contiene nuevos reglamentos para regular ese sector.

Este diario intentó comunicarse con media docena de empresas distribuidoras de tarjetas telefónicas prepagadas, grandes y pequeñas para conocer su opinión sobre esta ley y los alegatos que la sustentan, pero hasta el cierre de esta nota no habia obtenido respuesta.

Sin embargo, Gene Retske, editor de PrepaidPress, una publicación nacional que se enfoca en el sector de los productos prepago y que organiza anualmente una expo de esa industria, dijo que los múltiples esfuerzos llevados a cabo en el país y en los 50 estados de la Unión America por regular ese negocio no han dado buenos frutos."Hay tantos requerimientos en la actualidad que muchas de estas tarjetas han entrado en el terreno de la economía subterránea", afirmó. Según él, los esfuerzos emprendidos por el Estado para meter en cintura a ese sector de la economía van a resultar en mayores costos para los consumidores.