22 de diciembre de 2009

Primera Hora

La Oficina del Comisionado de Seguros gestionaba ayer la liquidación, por vía de un tribunal, del plan médico local ProSalud, al que le atribuye un menoscabo por $2.0 millones. El recurso, se informó, se radicó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, y se le asignó el caso a la juez Gloria Pérez Maury.

Empleados y gerenciales del plan denunciaron temprano ayer que no cobran sus salarios desde hace un mes, los primeros, y dos meses, los segundos, y responsabilizaron por la difícil y dolorosa situación en que se les ha colocado en este periodo navideño al "síndico" que designó la Oficina del Comisionado de Seguros para administrar el plan.

El grupo de empleados informó que el síndico, identificado como Virgilio Ramos, tiene control de todas las operaciones de la empresa y que cuenta con los fondos suficientes para cubrir la nómina de los más de 50 empleados afectados.

Denunciaron además que este síndico ya sometió su primera factura y cobró su dinero mientras mantiene a los empleados sin recibir salarios.

Primera Hora intentó sin éxito comunicarse con Ramos en la tarde de ayer. Se informó que estaba en el tribunal. Igual respuesta se ofreció en la Oficina del Comisionado de Seguros.

El plan médico fue colocado en sindicatura para "su rehabilitación" luego que dicha oficina determinara que estaba operando con un "menoscabo" de cerca de dos millones de dólares, indicaron los propios empleados.

El grupo se quejó de que sus gestiones ante el "síndico" y la propia oficina del Comisionado cayeron en oídos sordos, lo que generó gran incertidumbre en todo el personal, que, además de sus salarios, temían también por sus empleos. En esos momentos se desconocía de las gestiones que se harían ayer para liquidar el plan.

Denunciaron que, al momento de iniciarse el proceso de sindicatura, se les dijo que era bajo el Capítulo 40 del Código de Seguros y para "rehabilitar" la compañía. Indicaron que se les prometió que el negocio seguiría operando normalmente y que sus salarios estarían garantizados, lo que no se cumplió. Tampoco, indicaron, se les pagó a los suplidores, lo que les llevó a cuestionar si realmente hubo interés en rehabilitar la empresa, que apenas lleva dos años de operación.