21 de diciembre de 2009

El Nuevo Dia

Esta semana, previo a Nochebuena, y con plástico en mano, miles de boricuas abarrotarán los comercios para efectuar sus compras navideñas y, tras ellos, irán los ladrones electrónicos con la expectativa de que algún consumidor pague por sus compras, sin saberlo.

De acuerdo con Héctor Torres-Pérez, quien dirige los trabajos del Puerto Rico Financial Crimes Taskforce (PRFCT), al presente, hay varias investigaciones en curso para sacar de circulación a pandillas de ladrones electrónicos que operan en la Isla.

Según Torres-Pérez, en los pasados años, el fraude con tarjetas de crédito o débito se ha tornado en una actividad lucrativa y sofisticada en Puerto Rico.

La situación propició la creación del comité que encabeza la Asociación de Bancos (ABPR) y en el que también trabajan el Negociado de Investigaciones Federales, el Servicio Secreto y la Policía de Puerto Rico.

Torres-Pérez, quien también está a cargo de Seguridad en Banco Popular, rehusó dar detalles de las pesquisas en las que trabajan autoridades locales y federales, con el apoyo de las instituciones financieras.

No obstante, indica que éstas operan particularmente en el área metropolitana extendida, es decir, desde Toa Baja y Dorado hasta Canóvanas, porque es la zona donde más tarjetahabientes hacen sus compras. También surgen como focos de alta incidencia los municipios de Barceloneta y Ponce, donde ubican importantes centros de compra.

A manos llenas

Este año y pese a que Puerto Rico se encuentra sumido en una recesión, la empresa tecnológica Evertec, que opera la Red A Toda Hora (ATH), espera igualar o superar la marca de 4.5 millones de transacciones electrónicas entre hoy y la Nochebuena.

"Las personas no pueden perder de vista su tarjeta", subraya, por su parte, la sargento Wanda Torres, a cargo de la división de Propiedad del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) en San Juan.

A preguntas de este diario, Torres confirma que tiene las manos llenas con decenas de casos de fraude de tarjetas de crédito o débito y señala que el delito se comete tan rápido que un consumidor puede tener su cuenta vacía o repleta de cargos en apenas una hora.

Según la sargento, noviembre, diciembre y enero suelen ser los más intensos para la división que dirige, pues los ladrones electrónicos utilizan el entusiasmo asociado con la época festiva para cometer la fechoría.

Miguel Vargas, principal figura de MasterCard en Puerto Rico, asegura que tanto en la Isla como en otros países donde se celebra la Navidad, éste es el período pico en compras electrónicas.

Según Vargas, el día récord suele ser el "viernes negro" que sucede al Día de Acción de Gracias. Pero indica que en Puerto Rico, también se registran cifras pico en su uso los días anteriores a la Nochebuena y el período antes del Día de Reyes.

Otras fechas importantes son el Día de las Madres, la etapa de regreso a la escuela y el día de San Valentín.

Un crimen impune

Pero a mayor número de transacciones mayor vulnerabilidad de los consumidores a ser objeto de fraude, reconoce la oficial de la Uniformada.

Las modalidades de los transgresores van desde copiar la información de la tarjeta a través de un "skimmer", un equipo que puede ser tan pequeño como un encendedor, hasta romper los cristales del auto si el delincuente divisa una cartera en su interior.

Torres indica que las consolas de juego, los plasmas, los IPod y IPhones son las principales compras de los transgresores. Agrega que también suelen comprar pasajes de avión y paquetes de vacaciones a destinos costosos.

Mientras, Torres-Pérez explica que quienes delinquen por lo general son parte de pandillas o gangas dedicadas al trasiego de drogas y armas, que han "diversificado" su línea de negocio hacia el crimen electrónico y cibernético.

El ejecutivo señala que se trata de un crimen de "menos riesgo", tanto por el lado de la vida como por la falta de leyes estrictas que desalienten la práctica.

Explica, por ejemplo, que en algunos casos las tarjetas de consumidores se clonan en Puerto Rico, pero los cargos indebidos se efectúan en Japón, Corea, o Europa o viceversa, lo que hace difícil identificar y procesar a los culpables.

Hay casos locales que se esclarecen, pero señala que la falta de pericia o conocimiento pleno de los delitos financieros impide a los fiscales y jueces procesarlos con la premura y contundencia que requieren.

Por su parte, la sargento Torres explica que el fraude con tarjetas es un crimen donde la prueba documental es la clave, pero las penas a las que se expone el transgresor no son severas.

En el Código Penal, el fraude es un delito grave de cuarto grado, pero la utilización ilegal de la tarjeta de crédito y débito es un delito menos grave, lo que conlleva una pena máxima de seis meses de cárcel.

"Si la persona utilizó alguna maquinita como el skimmer, ese delito es menos grave", agrega Torres haciendo referencia al equipo que utilizan los delincuentes para copiar la información de las tarjetas de crédito.

La oficial agrega que, aunque la división esclarece el 60% de los casos bajo su atención, reconoce que no necesariamente termina con convicciones, pues en muchas ocasiones se recupera la propiedad o se resarce el daño y no se procesa en los tribunales.

Difícil radiografía

Aunque Torres señala que el número de casos referidos a la división que dirige aumenta a razón de 10% al año, en Puerto Rico resulta difícil tener un cuadro claro de la situación. Los consumidores tienen tarjetas de bancos y cooperativas locales, pero también de tiendas por departamentos, efectos electrónicos, mueblerías, ferreterías, así como de entidades bancarias estadounidenses como American Express, Citi y Bank of America.

En conjunto, la deuda de los boricuas en tarjetas de crédito y venta condicional (que son tiendas por departamento, enseres y muebles, entre otras) ascendía a 6,800 millones al cierre del año fiscal 2008.

"El número conservador de la ABPR es que el fraude le cuesta a los bancos de Puerto Rico únicamente, entre $20 millones y $30 millones cada año", dice el ejecutivo, excluyendo de la ecuación la pérdida de los comercios y aquélla en que incurren los consumidores cuando tienen que hacer gestiones para subsanar sus informes de crédito.