8 de diciembre de 2009

El Nuevo Dia

El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) impuso ayer una docena de multas a mayoristas y detallistas de gas licuado por supuestas violaciones en la distribución de este combustible en la Isla, en un intento por atajar "una práctica generalizada", donde el 60% de los hogares boricuas y cientos de comercios habrían recibido menos gas del que pagan.

Las sanciones, que pueden ser disputadas por los señalados, fueron fruto del primer operativo que hizo la agencia, luego de que entrara en vigor un nuevo reglamento para regular la distribución y venta de este combustible en Puerto Rico.

Según el titular del DACO, Luis Rivera Marín, durante los pasados meses la agencia que dirige había recibido múltiples quejas de consumidores señalando reservas con el suministro del propano que reciben en sus hogares y anotó que cerca de 600,000 hogares en Puerto Rico utilizan el combustible para la preparación de sus alimentos.

"Yo no puedo permitir que ‘sirvan a ojo’ un bien que es de primera necesidad para las familias", dijo Rivera Marín, al agregar que hasta la fecha, el despacho de gas licuado en la Isla se habría hecho "por fe" ante la falta de una estructura regulatoria adecuada.

Agregó que la situación también pudo haber afectado a miles de comercios y empresas que utilizan esta materia prima para sus operaciones, particularmente, el segmento de alimentos preparados.

De acuerdo con Rivera Marín, la agencia impuso multas luego de constatar que ni las plantas distribuidoras de gas licuado ni los detallistas están cumpliendo con el requisito de entregar tanques o cilindros de gas sellados o "precintados", lo que constituye una falta a la reglamentación vigente.

Un cilindro "precintado" tiene un sello en la válvula de conexión del tanque o cilindro, acompañado por una cartela. ésta es una tarjeta que evidencia que el cilindro fue pesado por un "pesador público autorizado" (PPA).

El operativo sorpresa, que se hizo en conjunto con la Comisión de Servicio Público (CSP), comenzó a tempranas horas del lunes, en las inmediaciones del mayorista Tropigas, en Puerto Nuevo, y se extendió hasta horas de la tarde en supermercados y tiendas por departamentos que distribuyen los tanques de gas de la marca Blue Rhino, en Carolina.

Por cada infracción detectada, el DACO podría imponer una penalidad de hasta $10,000.

Reacciona Tropigas

Ante las imputaciones, el asesor legal de Tropigas, Guillermo Bobonis, reconoció que los cilindros despachados por la entidad no tenían la cartela requerida por ley.

Empero, subrayó que el contenido de los tanques despachados era el correcto.

Pero, según Rivera Marín, si un cilindro no está "precintado" significa "que no se pesó" por un PPA, por lo que tanto el mayorista como el detallista de propano estarían en incumplimiento.

Por otro lado, Bobonis aclaró que las supuestas deficiencias identificadas también ayer por la CSP, en al menos cuatro camiones que fueron retirados de las vías de rodaje, habrían sido emitidas a distribuidores independientes y no a vehículos de su empresa.

Movida regulatoria

En marzo pasado, el gobernador Luis Fortuño convirtió en la Ley 6 un proyecto de la autoría del representante Georgie Navarro, para regular a la industria del gas licuado. El reglamento habría sido cónsono con el estatuto que, entre otras cosas, busca regular el margen de ganancia de mayoristas y detallistas.

En Puerto Rico, existen tres empresas mayoristas de gas, de acuerdo con DACO. Empire Gas y la empresa Liquilux Gas controlarían tres cuartas del mercado, mientras que Tropigas controla la diferencia. Los mayoristas, a su vez, distribuyen su producto a unos 900 detallistas o gaseros, que lo revenden a consumidores y empresas.

Perjudicados los comercios

"Esto es algo que afecta a todas las industrias", agregó Rivera Marín.

Indicó además que los restaurantes, farmacéuticas, hospitales, lavanderías y hasta comedores escolares son "consumidores intensivos" del combustible.

Sólo los integrantes de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) ascienden a 4,000, incluyendo restaurantes y establecimientos de comida rápida, entre otras.

Rivera Marín agregó que el operativo efectuado ayer será el primero de varios que llevará a cabo el DACO y dijo que la agencia ya requirió información financiera a mayoristas y detallistas del producto para establecer márgenes de ganancia adecuados.

En dicho proceso, se tomará como referencia el precio del gas licuado en Mount Belview y se establecerá un margen tomando en consideración los gastos de las empresas, dijo el funcionario.

Sin datos precisos

A preguntas de este diario, Rivera Marín reconoció que el gobierno no lleva un historial público de precios del gas, tal y como sucede con la gasolina.

Empero, dijo que en promedio, los consumidores pagan unos $22 por un cilindro de 20 libras y entre $85 y $90 por aquél de 100 libras.

El funcionario exhortó a los consumidores a verificar el estado del cilindro y a rechazarlo en caso de que no tenga el sello ni la tarjeta requerida.

"Esta es una industria en la que vamos a tener que trabajar mucho", acotó Rivera Marín.