25 de noviembre de 2009
CPSC
El Chairman de la Comisión Federal de Comercio Comercio (Federal Trade Commission, FTC) Jon Leibowitz, junto al Senador de EE.UU. Harry Reid, la Fiscal General de Nevada Catherine Cortez Masto y el Secretario Adjunto de Justicia de la División Civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos Tony West, anunciaron hoy la Operación Stolen Hope que forma parte de las continuas medidas de fuerza implementadas a nivel federal y estatal contra las estafas de servicios de rescate de ejecución hipotecaria y modificación de préstamos. Esta operación involucra 118 acciones entabladas por 26 agencias federales y estatales. Las de la FTC fueron anunciadas en Nevada, donde una de cada 23 casas está enfrentando la ejecución hipotecaria. El Chairman de la FTC Jon Leibowitz dijo al respecto: "Estos operadores dirigieron sus acciones contra consumidores que estaban al borde del desastre financiero, y en lugar de impedir su caída, los empujaron al vacío." Y agregó: "Si está preocupado por conservar su casa, evite a todas aquellas compañías que le pidan que pague un alto cargo por adelantado, le garanticen detener una ejecución hipotecaria o una modificación de préstamo, o le digan que deje de pagarle a su compañía hipotecaria para pagarles a ellos." La FTC anunció seis demandas judiciales, alcanzando hasta la fecha un total de 28 casos entablados por la Comisión contra servicios de asistencia para hipotecas desde el comienzo de la crisis de la vivienda. Veinticinco fiscales generales estatales y otras agencias estatales y locales anunciaron 112 acciones similares. En las acciones de la FTC anunciadas en el día de la fecha, los demandados declararon falsamente que podrían obtener modificaciones de los términos de los préstamos hipotecarios de los consumidores, lo cual tendría como resultado que el monto de las cuotas de sus hipotecas fuera considerablemente más accesible. A menudo, después de cobrar por adelantado cargos altos, los demandados hicieron poco o nada para ayudar a los propietarios a renegociar sus hipotecas. De acuerdo a las alegaciones contenidas en las demandas de la FTC, algunos de los demandados declararon falsamente un alto índice de éxito y prometieron entregar reintegros a los consumidores en caso de no lograr la modificación de sus hipotecas, y otros demandados declararon falsamente estar afiliados con el gobierno federal, con entidades de préstamo o con administradores de préstamos hipotecarios para consumidores. En todos los casos se alega la violación de las disposiciones de la Ley de la FTC (FTC Act). Además, en varios de los casos se alegan violaciones de las disposiciones de la Regla de Ventas de Telemercadeo (Telemarketing Sales Rule, TSR) y de la Ley de Organizaciones de Reparación de Crédito (Credit Repair Organizations Act, CROA). En todos los casos, la FTC le está solicitando a la corte que ordene el cese de las declaraciones engañosas de los demandados y que dictamine la devolución de las ganancias mal habidas. La corte ya expidió una orden inhibitoria de carácter temporal para cinco de los casos y congeló los activos de los demandados. La compañía Crossland Credit Consulting Corp. y sus codemandados operaron esquemas engañosos de refinanciación hipotecaria, reparación de crédito y modificación de préstamos. Prometieron falsamente que utilizarían los ingresos provenientes de las refinanciaciones hipotecarias para cancelar rápidamente los préstamos originales, pero a menudo, en lugar de cancelar los préstamos se embolsaron el dinero de las refinanciaciones. Los demandados manifestaron falsamente que repararían los registros de crédito de los consumidores eliminando los datos negativos pero correctamente registrados para que pudieran acceder a préstamos hipotecarios, y además les cobraron cargos por adelantado por dichos servicios infringiendo las disposiciones de la ley CROA y de la regla TSR. También declararon falsamente que obtendrían modificaciones de los términos de las hipotecas de los consumidores para conseguir tasas de interés y cuotas mensuales considerablemente más bajas. La corte ordenó inmediatamente la prohibición de dichas prácticas y decretó el congelamiento de los activos de los demandados a la espera de la audiencia del caso. El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda fue 4-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. A solicitud de la FTC, la corte ordenó el cese de las operaciones ilegales a la espera de la resolución del caso. Se alega que Crowder Law Group y sus codemandados se presentaron falsamente a sí mismos como una agencia del gobierno federal o como una afiliada de una agencia gubernamental federal. En sus tarjetas postales personalizadas y destinadas a los consumidores decían: "Usted puede reunir los requisitos para acceder a un nuevo programa de ayuda financiera para refinanciar su actual hipoteca..." En algunas de las tarjetas postales se describían los programas de los demandados como programas federales y además, estaban firmadas por un abogado del estado de residencia de los consumidores. Los demandados les cobraron a los consumidores un cargo de $2,000. La corte ordenó inmediatamente la prohibición de dichas prácticas y decretó el congelamiento de los activos de los demandados a la espera de la audiencia del caso. A algunos de los demandados de este caso se les estipuló un interdicto de carácter preliminar con una disposición que establece el congelamiento de sus activos. El resultado de la votación de la Comisión para presentar la demanda fue 4-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida. En la demanda de la FTC se alega que The Debt Advocacy Center les cobró a los consumidores $1,500 por adelantado y les prometió un reintegro de $1,500 o más en caso de que fracasaran en su intento de conseguir una modificación de sus respectivos préstamos. La Comisión alegó que cuando no se logró conseguir la modificación de los términos de los préstamos de los consumidores, The Debt Advocacy Center les dijo que el monto de $1,500 pagado por adelantado sólo cubría los costos del asesoramiento y de los materiales educativos y se negaron a devolver los montos pagados por los consumidores. Además, The Debt Advocacy Center declaró poseer un índice de éxito del 90 por ciento, y presuntamente efectuó débitos a las cuentas bancarias de los consumidores e hizo cargos a sus tarjetas de crédito sin la debida autorización. En abril de 2009, The Debt Advocacy Center recibió una carta de la FTC en la cual se le advirtió que sus anuncios podían estar violando las disposiciones de la ley federal, pero fue poco lo que hicieron para cambiar sus prácticas. A solicitud de la FTC, la corte ordenó el cese de las operaciones ilegales y un congelamiento de los activos de los demandados a la espera de la resolución del caso. El resultado de la votación de la Comisión para presentar la demanda fue 4-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Ohio, División Este. Se alega que First Universal Lending y sus directivos manifestaron tanto en su sitio Web como en las llamadas telefónicas efectuadas a propietarios de vivienda con dificultades para cumplir con los pagos de sus hipotecas que podrían negociar modificaciones para sus respectivos préstamos lo cual originaría una reducción en el monto de los pagos mensuales de las hipotecas. En la demanda de la FTC se alega que los demandados les cobraron a los consumidores altísimos cargos por adelantado, que en ocasiones superaban los $7,000, y les dijeron que si dejaban de pagar las cuotas de sus hipotecas esto podría ayudarlos en las negociaciones con sus prestadores. En muchos casos, no lograron conseguir las modificaciones de préstamo para los consumidores. A solicitud de la FTC, la corte ordenó el cese de las operaciones ilegales y un congelamiento de los activos de los demandados a la espera de la resolución del caso. El resultado de la votación de la Comisión para presentar la demanda fue 4-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Florida, División West Palm Beach. Se alega que Kirkland Young y su gerente se presentaron falsamente a sí mismos como prestadores hipotecarios, o administradores o afiliados de entidades de préstamo. La compañía dejó mensajes en los teléfonos de los consumidores diciendo que querían aprobarlos para que pudieran acceder a una modificación de préstamo. Los demandados hablaron con los consumidores por teléfono sobre tasas de interés y cuotas mensuales específicas y les prometieron que podrían hacer los trámites necesarios para detener las ejecuciones hipotecarias. En la demanda se alega que incumplieron sus promesas de conseguir modificaciones de préstamo para lograr que los montos de las cuotas fueran más accesibles para los prestatarios. A solicitud de la FTC, la corte ordenó el cese de las operaciones ilegales y un congelamiento de los activos de los demandados a la espera de la resolución del caso. El resultado de la votación de la Comisión para presentar la demanda fue 4-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. Truman Foreclosure Assistance y sus codemandados cobraron cargos de entre $1,500 y $3,000, requiriendo una parte considerable por adelantado. De acuerdo a las alegaciones contenidas en la demanda de la FTC, los mencionados demandados declararon falsamente una tasa de éxito del 99 por ciento y manifestaron que la contratación de sus servicios implicaba un riesgo muy bajo porque estaban respaldados por una "Garantía de Reintegro de Dinero del 100%", que según se alega, se negaron a cumplir en vario casos. El resultado de la votación de la Comisión para presentar la demanda fue 4-0. La demanda fue presentada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. La FTC anunció también la presentación de una demanda enmendada imputando a otros demandados en un caso previo de servicios de asistencia para hipotecas: La FTC presentó una demanda enmendada en su acción pendiente contra la compañía Dinámica Financiera, LLC agregando en condición de demandados a Oficinas Legales de Eric-Douglas Johnson, Inc. y al ex abogado Eric Douglas Johnson que continuaron con las operaciones de los demandados originales con posterioridad al 3 de junio de 2009, fecha en la cual la corte expidió un interdicto de carácter preliminar. En el momento en el cual el demandado Eric Douglas Johnson se incorporó a la operación, la legislación de California permitía que los abogados aceptaran cargos por adelantado por la prestación de servicios de modificación de préstamos hipotecarios. En la demanda original, presentada en mayo de 2009, se alegó que los demandados les prometieron falsamente a consumidores hispanohablantes que estaban atrasados con los pagos de sus hipotecas que podrían detener las ejecuciones hipotecarias. (Véase comunicado de prensa del 27 de mayo de 2009 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2009/05/mortgagerescue.shtm). El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la demanda enmendada propuesta fue 4-0. La demanda y la demanda enmendada propuesta fueron presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Central de California. Además de los casos mencionados anteriormente, la FTC ha obtenido acuerdos resolutorios para tres casos previamente presentados contra estafas de servicios de asistencia para hipotecas y un acuerdo parcial en otro de los casos. Primero, la Comisión obtuvo un acuerdo sobre una orden de una corte federal decretando el cese de las presuntas prácticas engañosas de Peter J. Porcelli, Safe Harbour Foundation of Florida, Inc., Silverstone Lending, LLC, y Silverstone Financial, LLC, sobre quienes se alega que persuadieron a propietarios de vivienda para que aceptaran préstamos de corto plazo, de alto costo y garantizados por una hipoteca adicional de sus casas, lo cual constituye una violación de la ley federal y una infracción de los términos de una orden judicial expedida anteriormente en su contra. (Véase comunicado de prensa del 28 de febrero de 2008 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2008/02/rescue.shtm). Este acuerdo también resuelve una acción por desacato contra los mencionados demandados. La orden resolutoria de este caso les prohíbe a los demandados que participan de este acuerdo comprometerse en prácticas de préstamo específicas que infrinjan la ley llamada Home Ownership and Equity Protection Act (HOEPA), incluyendo la posibilidad de efectuar préstamos HOEPA sin considerar la capacidad de repago de un consumidor. En la orden de acuerdo resolutorio también se les prohíbe comprometerse en prácticas de préstamo que infrinjan la ley HOEPA y las disposiciones de la Regulación Z referidas a la divulgación de información y falsedad. La orden les impone una sentencia monetaria de $2.79 millones de dólares que quedará en suspenso basándose en la incapacidad de pago manifestada por los demandados. En caso que se compruebe que los demandados tergiversaron su situación financiera, el monto de la sentencia monetaria será pagadero de forma inmediata. En una orden resolutoria separada contra el codemandado Southeast Advertising, Inc. se aplican las mismas prohibiciones y también se le prohíbe a dicha compañía la aceptación de la asignación de un préstamo que contenga cualquiera de las características descritas en las órdenes. El resultado de la votación de la Comisión para presentar cada una de las órdenes finales estipuladas fue 4-0. Las órdenes fueron presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, División Este. Segundo, La FTC ha obtenido una orden estipulada que le prohíbe a Thomas Ryan el ofrecimiento de servicios de asistencia para hipotecas. La FTC alega que por medio de sus sitios Web – bailout.hud-gov.us y bailout.dohgov.us, en los que se podía ver un sello de aspecto oficial y donde se listaban los nombres de varios planes de asistencia para propietarios de vivienda ofrecidos por el gobierno federal – Ryan indujo a error a los propietarios haciéndoles creer que él era el propio gobierno de Estados Unidos. (Véase comunicado de prensa del 6 de abril de 2009 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2009/04/hud.shtm). La orden de acuerdo resolutorio también le prohíbe a Ryan efectuar declaraciones falsas respecto de servicios y productos financieros o sobre cualquier otro producto o servicio. El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar la orden final estipulada fue 4-0. La orden fue ingresada ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia. Tercero, la Comisión ha aceptado los acuerdos resolutorios aplicables a su caso contra Freedom Foreclosure Prevention Services, LLC que se encuentran pendiente de la aprobación de la corte, cuyos términos prohibirían a Jeffrey Segal y a Michael Workman continuar trabajando dentro del sector de servicios de modificación de préstamos y los inhibe de efectuar declaraciones falsas respecto de hechos materiales relacionados con la venta de cualquier tipo de bienes y servicios. Los acuerdos resolutorios también impondrían las sentencias monetarias de $5,462,432 suspendidas debido a la incapacidad de pago de los demandados. Segal y Workman llevaron a cabo una operación falsa de servicios de asistencia para ejecuciones hipotecarias en la que tergiversaron los servicios de "mitigación de pérdidas" ofrecidos y las potenciales ganancias de una oportunidad de negocio que ofrecieron a la venta. (Véase comunicado de prensa del 22 de junio de 2009 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2009/06/freedom.shtm). El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar cada una de las órdenes finales estipuladas fue 4-0, con el acuerdo y disentimiento parcial del Comisionado Thomas Rosch. En [http://www.ftc.gov/os/2009/11/091124roschstmt.pdf] se puede consultar una copia de su declaración. Las órdenes fueron presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Arizona. Cuarto, la FTC ha obtenido un acuerdo resolutorio parcial que se encuentra pendiente de la aprobación de la corte, cuyos términos les prohibirán a Brian Blanchard, único propietario de B Home Associates, LLC en ejercicio del comercio bajo el nombre de Expert Foreclosure, y a Michael Grieco, ambos propietarios parciales de Home Assure, LLC, continuar con sus presuntas prácticas engañosas. Las órdenes resolutorias prohíben que Blanchard y Grieco falseen hechos materiales sobre cualquier tipo de producto o servicio y los inhibe de vender o divulgar de algún otro modo la información personal de cualquier persona que les haya efectuado un pago. Las órdenes resolutorias imponen las sentencias monetarias suspendidas por $3,849,919.84 y $3,721,807.84 decretadas contra Blanchard y Grieco respectivamente. Ambos les prometieron falsamente a los consumidores que podrían hacer los trámites necesarios para detener las ejecuciones hipotecarias, independientemente del monto adeudado por los consumidores, cobraron cargos adelantados de hasta $2,500, y prometieron reintegros totales en caso de no poder cumplir con lo prometido. (Véase comunicado de prensa del 6 de abril de 2009 disponible en http://www.ftc.gov/opa/2009/04/hud.shtm). El resultado de la votación de la Comisión para autorizar a su personal a presentar cada una de las órdenes finales estipuladas fue 4-0. Las órdenes fueron presentadas ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida. La FTC le solicita al público que denuncie las estafas de rescate de ejecución hipotecaria y de modificación de préstamos hipotecarios en FTC.gov, o llamando al 1-877-FTC-HELP. La FTC ingresa los datos de las quejas enviadas por los consumidores a la Red Centinela del Consumidor, y por medio de esta red, las pone a disposición de las agencias de ejecución de la ley competentes del ámbito federal, estatal y local.