20 de noviembre de 2009

El Vocero

Como parte del "subpoena" emitido por las autoridades federales figura un polémico proyecto de ley que enmendó la "Ley de Telecomunicaciones" de Puerto Rico, que tenía el propósito de proteger a los consumidores, pero que tras sufrir una enmienda, favoreció a la Puerto Rico Telephone Company (PRTC), en un pleito de clase de $250 millones, informaron fuentes de EL VOCERO.

De acuerdo a las fuentes, las autoridades federales requirieron documentos sobre el proyecto de la Cámara 1225, de 25 de junio del 2005, tras la cooperación del convicto ex senador novoprogresista, Jorge de Castro Font. Según varias fuentes, fue en la oficina del ex legislador en donde se gestaron las enmiendas a la medida.

El propósito de la medida era facultar a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), para estimar y conceder compensaciones por concepto de daños ocasionados por compañías de telecomunicaciones. La medida tripartita fue presentada por los representantes Héctor Ferrer, Víctor García San Inocencio y Jorge Navarro Suárez.

El proyecto de ley cobró notoriedad luego de que cuando se le dio lectura al proyecto para su votación final se incluyó una enmienda dándole a la JRT jurisdicción exclusiva sobre pleitos de clase contra compañías de telecomunicaciones y cable, lo que la eximió a las compañías de la aplicación de la Ley Pleitos de Clase de Consumidores.

La enmienda, cuyo autor no apareció en el diario de sesiones de la Cámara de Representantes, le da jurisdicción primaria exclusiva a la JRT sobre cualquier pleito de clase contra compañías de telecomunicaciones. En ese momento, estaba pendiente sobre el referido pleito de clase. Esta demanda fue presentada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en noviembre del 2003. El pleito buscaba que la Telefónica de Puerto Rico le devolviera a los consumidores los pagos que cobró alegadamente de manera ilegal por el uso del sistema de teletecla.

Esta medida fue firmada por el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, convirtiéndose en la Ley 138 del 4 de noviembre de 2005. Los autores de la medida aseguraron desconocer quién efectuó la enmienda.

El 26 de enero del 2006, Ferrer, García San Inocencio y el representante novoprogresista José Chico radicaron otra medida, el proyecto de la Cámara 2317, a fin de eliminar la jurisdicción exclusiva de la JRT sobre los pleitos de clase contra compañías telecomunicadoras. Este proyecto de ley también figura en el "subpoena".

La Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación efectuó vistas públicas sobre la medida. Durante las audiencias públicas testificó el ex presidente de la JRT, Miguel Reyes, quien favoreció la eliminación del lenguaje retroactivo por tener visos de inconstitucionalidad.

De igual forma, depuso el licenciado Harold Vicente, quien radicó el pleito de clase en el Tribunal de Bayamón. El letrado pidió que se enmendara la Ley 138 y que se investigara la persona responsable de introducir la enmienda y así como a los cabilderos.

Finalmente, la medida quedó engavetada. El ex legislador y licenciado Angel Cintrón era el representante legal de la PRTC.

De igual forma, otra de las medidas requeridas por las autoridades federales lo es una legislación que autorizó al Gobierno de Puerto Rico a vender la participación de 28% de las acciones que tenía de la Puerto Rico Telephone Company al grupo mejicano América Móvil. El 28% de las acciones estaba valorado en $500 millones. Ese dinero el Banco Gubernamental de Fomento esperaba inyectarlo en otros instrumentos de inversión de mayor rendimiento y atender el déficit.

Las autoridades federales efectúan diversas investigaciones sobre políticos y ex políticos. Algunas de estas pesquisas surgieron a raíz de la cooperación del convicto ex senador Jorge de Castro Font.