30 de octubre de 2009

El Vocero

Pese a que un creciente número de ex funcionarios públicos, incluyendo la ex gobernadora Sila M. Calderón, tratan de distanciarse de la Caribbean Petroleum Corporation (Capeco), todavía queda otro ‘elefante en la sala’ como recordatorio de la inercia de los fiscales del Departamento de Justicia ante los señalamientos de irregularidades en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que le han costado millones de dólares al erario.

Un ejemplo de esto es lo que sucedió con las querellas en torno a la compra de las millonarias turbinas para instalarse en la planta de San Juan como parte del llamado de repotenciación de las unidades 5 y 6 de esa termoeléctrica. En esta instancia la División de Integridad Pública (DIP) consolidó, con el caso de las certificaciones fraudulentas de calidad de combustible, un referido diferente de alegaciones de presiones políticas y venta de influencia en la selección de las nuevas turbinas para la central San Juan.

Aunque luego de dicha consolidación en mayo de 2005 Justicia alega que cerró el expediente a mediados del 2007, la investigación de estas alegaciones aun está bajo la lupa del contralor Manuel Díaz Saldaña.

Una cronología de las acciones de Justicia revelan que los fiscales de DIP cerraron la querella en torno al proyecto de repotenciación menos de un año después de recibir un referido formal de la Comisión de Integridad Pública de la Cámara de Representantes solicitando a Justicia, a la Oficina de ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor que investigaran a la gerencia de la AEE, a su Junta de Gobierno, a varios ex empleados y figuras públicas.

"Las razones al amparo de la prueba recopilada por esta Comisión para la selección de la compañía supusieron un destacado activismo por algunos miembros de la Junta, el cual quedó sustentado por el cabildeo de ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que en carácter de asesores de la compañía finalmente elegida, pudo propiciar que la decisión a favor de la antes mencionada, no necesariamente fuera por ser más costo-efectivo para el pueblo de Puerto Rico", señala el informe cameral de 27 páginas.

Pero esta investigación cameral "cayó en oídos sordos", de acuerdo a uno de sus autores, el representante novoprogresista Antonio Silva, quien afirma que los fiscales nunca lo contactaron contactar.

"Le dieron archivo 7", señaló en entrevista telefónica por separado su colega, el legislador José Chico, quien dice que no le sorprende el silencio de Justicia porque respondía a un patrón de hostilidad entre una agencia controlada por el Partido Popular Democrático y un informe rendido por legisladores de la oposición.

Curiosamente, fue un informe de dos senadores populares, Cirilo Tirado y Héctor Ferrer, el que dio paso a la polémica consolidación del informe de auditoría CP-02-26 de Contraloría con el resto de las querellas vinculadas con la AEE.

Justo antes de las elecciones generales de 2004, la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor emitió un informe en "Torno al Proyecto de Repotenciación de las Unidades 5 y 6 de la Central San Juan de la AEE" que fue usado por la entonces directora del DIP, la fiscal Rivera Caratini, para ordenar la consolidación de los casos.

Uno de los inconvenientes del primer informe legislativo es que pese a su rimbombante título el mismo no contiene un solo hallazgo relacionado con el cacareado proyecto de repotenciación. Los senadores tampoco mencionan el candente informe CP-02-26 detallando el fraude en la compra de combustible. Por el contrario, bajo la premisa de "hallazgos colaterales", sólo se refieren a otros dos informes de auditoría (el CP02-06 de noviembre de 2001 y el CP-01-26 de junio de 2001) para construir un caso criminal contra Richard Concepción, un químico de la AEE, y Carlos Salichs, ex gerente de compras de la central de San Juan, quienes eventualmente se declararon culpables de extorsionar a pequeños negociantes haciéndoles creer falsamente que podían ayudarlos a conseguir contratos con la compañía eléctrica a cambio de ciertas regalías, principalmente enseres domésticos.

De hecho, no es hasta varios meses después que el Senado emite su informe que estallan públicamente algunos de los conflictos en el proyecto de repotenciación cuando la junta de la AEE despide tajantemente a su entonces director ejecutivo, Héctor Rosario.

Otra falla del informe senatorial es que cuando Tirado y Ferrer lo envían a Justicia ya la entonces secretaria Annabelle Rodríguez había dicho a la prensa que un tribunal había encontrado meses antes causa probable contra Concepción. Es más, para entonces Rodríguez ni siquiera estaba dirigiendo la agencia, sino que ya había sido confirmada como juez asociada del Tribunal Supremo.

No fue hasta dos años más tarde cuando en septiembre de 2006 otra comisión legislativa rindió un segundo informe sobre el proyecto de repotenciación de la planta de San Juan. Esta vez los representantes Antonio Silva y José Chico le pidieron a Justicia y a la Oficina de ética Gubernamental que investiguen si se adjudicó indebidamente el millonario contrato de la compra de turbinas para San Juan a la Mitsubishi Corporation.

Esta segunda investigación legislativa levantó una serie de interrogantes sobre el rol de los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE y de otras figuras públicas en la compraventa de las turbinas y el despido de Rosario. Estos asuntos continúan sin aclararse.

Pero Miguel Nazario Franco, uno de los ex directores de la AEE identificados por este diario como alguien que nunca fue entrevistado por Justicia pese a que presuntamente tiene conocimiento propio sobre las decisiones tomadas por la AEE en torno al proyecto de repotenciación, negó todo vínculo con Capeco, así como estar asociado con cualquier irregularidad.

"Como miembro de la Junta de Gobierno de la AEE actué con el decoro y la responsabilidad fiduciaria que el cargo me imponía. La Junta de Gobierno, mientras fui miembro de la misma, la componían nueve personas las cuales tomaban decisiones en conjunto. Yo nunca tomé o usurpé la responsabilidad que le correspondía en pleno a la junta", señaló Nazario Franco, quien erróneamente fue identificado por este diario como ex vicepresidente de la junta de la AEE cuando en realidad sirvió como miembro regular de esta junta por varios años durante los cuales también fungía como vicepresidente y presidente interino de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.